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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Netanyahu, acusado

La puesta en marcha del procesamiento por tres casos de corrupción y el informe de la ONU sobre crímenes de guerra en Gaza coloca a Netanyahu en una posición insostenible ante las elecciones de abril

Benjamín Netanyahu, en un acto del Likud.
Benjamín Netanyahu, en un acto del Likud.Amir Levy (Getty Images)

La puesta en marcha por parte de la fiscalía general de Israel del procesamiento por tres casos de corrupción del primer ministro, Benjamin Netanyahu, unido al informe de una comisión de la ONU que acusa al Ejército israelí de crímenes de guerra en Gaza durante el año pasado coloca al candidato derechista en una posición insostenible ante las elecciones legislativas del próximo 9 de abril.

 La fiscalía ha actuado a instancias de la policía que ha reunido pruebas sobre la implicación de Netanyahu en tres casos. Uno, de supuestos favores del primer ministro al principal grupo de telecomunicaciones del país a cambio de informaciones favorables; otro, de recibir cuantiosos regalos de un magnate de Hollywood a cambio de beneficios fiscales, y un tercero, de facilitar el aumento de circulación de un importante periódico a cambio de un trato positivo en sus páginas. Los tres episodios, investigados en algunos casos durante varios años, reflejan una continuada utilización delictiva del cargo político más importante de Israel por el hombre que aspira a permanecer en el cargo más que David Ben Gurion.

Por lo que respecta a lo sucedido en Gaza, una comisión independiente de Naciones Unidas ha investigado lo que ocurrió durante las llamadas Marchas del Retorno en 2018 concluyendo que las fuerzas israelíes mataron al menos a 189 personas, entre ellos 39 niños. Tres de las víctimas pertenecían a los servicios sanitarios o eran periodistas claramente identificados. La comisión de la ONU asegura disponer de “bases razonables” para denunciar violaciones de los derechos humanos y la ley humanitaria que, en algunos casos pueden ser crímenes de guerra o contra la humanidad. La actuación de los militares israelíes contó con el respaldo de Netanyahu, un primer ministro cuyo largo mandato se ha caracterizado, entre otras cosas, por una desproporcionada utilización de fuerza letal en las protestas palestinas, el fracaso continuado de las negociaciones de paz con los representantes de la Autoridad Palestina y la expansión constante de los asentamientos ilegales más allá de la línea de armisticio de 1967 reconocida por la ONU.

Además, el partido de Netanyahu, el Likud, ha resultado decisivo en la prohibición —por ahora provisional a falta de lo que dictamine el Tribunal Supremo— de presentarse a los comicios a una lista árabe, comunidad que representa una quinta parte de la población israelí.

Netanyahu ha basado en la agresividad y el miedo a la amenaza exterior gran parte de su estrategia política ante su electorado, pero sus actuaciones han sido no solo cuestionables sino —por las pruebas reunidas tanto por la Fiscalía como la ONU— claramente ilegales. Una victoria en las urnas —y las encuestas no se la dan— no le puede exculpar de los delitos presuntamente cometidos.

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