Para prevenir las crisis

Con pocas horas de diferencia, la Comisión parlamentaria para examinar la crisis financiera en España aprobaba su informe final, no exento de polémica con los letrados del Congreso, y el Consejo de Ministros autorizaba la creación de la llamada Autoridad Macroprudencial para la Estabilidad Financiera, un organismo dependiente de Economía cuya función será prevenir futuras crisis bancarias. La proximidad en el tiempo entre ambos acontecimientos subraya la incomodidad del Gobierno ante las conclusiones del informe del Parlamento, que ya eran conocidas con anterioridad, y la necesidad de reforzar la capacidad de los reguladores para detectar burbujas financieras y signos de alarma que, cuando se concretan en quiebras, cuestan cantidades ingentes de dinero a todos los ciudadanos y hunden en la recesión al sistema económico.

La Autoridad Macroprudencial pretende convertirse en un centinela para alertar de las perturbaciones económicas y financieras que pueden desembocar en una crisis bancaria. Está obligado a informar anualmente al Parlamento, un avance notable que debería ser valorado en su justa medida. Pero la importancia de este consejo de vigilancia procede sobre todo de las nuevas facultades que el Gobierno ha concedido al Banco de España y a la CNMV, que van desde la posibilidad de limitar el crédito o la concentración sectorial de los préstamos hasta modificar los requerimientos mínimos de liquidez. Si los reguladores se ven obligados a actuar, dispondrán de instrumentos eficaces para hacerlo.

La Autoridad tiene, además, un efecto político beneficioso: el Gobierno inviste al responsable directo de la estabilidad financiera del país. Frente a las maniobras de los reguladores y del propio Gobierno para sacudirse las responsabilidades en la crisis pasada, la Autoridad está señalada como el organismo al que deberán pedirse cuentas en una hipotética crisis futura. No obstante, para completar esta responsabilidad institucional, la Autoridad Macroprudencial debería publicar las actas de sus reuniones con la periodicidad que se considere oportuna. Solo así será posible observar su funcionamiento para corregir posibles problemas de descoordinación entre el Ministerio de Economía, el Banco de España y la CNMV.

El objetivo es que no vuelva a producirse la descoordinación institucional observada entre 2008 y 2013 en el tratamiento de la crisis. El informe del Congreso atribuye responsabilidades directas al Banco de España y a la CNMV; pero es evidente que elude las responsabilidades políticas de los partidos que entraron a saco en la gestión de las cajas y relega a un segundo plano la culpabilidad de directivos y consejeros que o no se enteraron o no tuvieron la capacidad técnica suficiente para sanear sus cuentas. De ahí la importancia de la nueva Autoridad; en adelante, será más difícil mirar para otro lado.