Cumbre en Roma

La celebración desde el pasado viernes hasta el domingo de una cumbre en el Vaticano con los presidentes de conferencias episcopales de todo el mundo que han tratado exclusivamente el problema de la pederastia en el interior de la jerarquía católica constituye un hecho sin precedentes en la historia de la Iglesia y como tal debe ser valorado. Se trata de un escándalo de carácter delictivo a escala global que afecta tanto a 1.254 millones de católicos como a decenas de países donde se han producido durante décadas los delitos que han sido ocultados a sus sistemas judiciales.

Consciente de la gravedad de la situación, Francisco convocó a los máximos representantes católicos de cada país con la intención de enviar a la sociedad un mensaje claro de que va a poner fin a la política de encubrimiento sistemático que una parte de la jerarquía ha practicado con sacerdotes y religiosos que han abusado de menores. Así, en la apertura subrayó la necesidad de adoptar “medidas concretas y eficaces”. Sin embargo, resulta necesario subrayar que el encuentro ha concluido sin precisar actuaciones que hagan operativa la declarada voluntad del Papa de acabar con los abusos. No se asegura, por ejemplo, algo tan elemental como que todas las diócesis tengan la obligación de trasladar a los tribunales ordinarios los casos que conozcan. El propósito inicial ha quedado en un mero compromiso de que “la Iglesia no se cansará de hacer todo lo necesario para llevar ante la justicia a quienes hayan cometido tales crímenes”.

La decepción de las víctimas es comprensible. Esperaban que además de la obligación de denunciar, se acordara la expulsión de los sacerdotes y religiosos condenados por abusos y se exigiera responsabilidades a los obispos encubridores, pero la declaración final es incluso más ambigua que los 21 puntos “de reflexión” que se distribuyeron al inicio del encuentro. Todo queda al albur de la interpretación que se de en el futuro a las ocho líneas gde intervención anunciadas.

Pero nada de esto puede restar importancia al hecho de que convocar a 190 representantes de la jerarquía católica a un encuentro para abordar abiertamente y con notable transparencia este delicado asunto sea una muestra de valentía por parte Francisco. El resultado revela que no ha logrado todos sus objetivos y que la política de tolerancia cero que preconiza desde hace tiempo encuentra aún fuertes resistencias en una parte de la estructura eclesial. Muchos obispos siguen tratando el problema de la pederastia como un pecado susceptible de arrepentimiento y perdón, lo que supone ignorar la enorme dimensión social —y sobretodo legal— del problema y la necesidad de reparar el daño causado. Bajo ese enfoque además se equipara la conducta de quienes rompen el celibato y tienen relaciones sexuales consentidas con un adulto —lo cual no es un delito en los sistemas democráticos— con los abusos a menores, que constituyen un delito penado con años de prisión.

Considerar que la actual normativa interna es suficiente y que bastará un cambio de mentalidad para erradicar un problema tan grave probablemente no sea suficiente. Ese cambio de mentalidad difícilmente vendrá sin medidas claras y contundentes que lo empujen.