Justicia en Siria

Bachar el Asad se perfila como el ganador de la guerra en Siria. Tras un devastador conflicto de ocho años que ha provocado 400.000 muertos y millones de refugiados, controla la mayor parte del territorio con la ayuda de Irán y Rusia, pero, sobre todo, apoyándose en una brutalidad sin límites. Pocas victorias han estado tan manchadas de sangre como la suya: miles de personas han sido torturadas y se encuentran desaparecidas, civiles han sido bombardeados incluso con gases, periodistas han sido asesinados. Por eso son tan importantes las iniciativas de fiscales y jueces de países como Alemania, Francia, Suecia o Estados Unidos que luchan, a través de casos preparados durante años, apoyados en testigos y documentos, por llevar ante la justicia a los autores de estos crímenes. El Gobierno sirio, además, no es el único responsable de la violencia contra la población civil, que ha sufrido lo indecible también en los territorios de los grupos rebeldes, sobre todo el ISIS, que instauró un califato de terror y muerte.

La comunidad internacional tiene la obligación de hacer todo lo posible para que no queden impunes estos crímenes de guerra y contra la humanidad o, incluso, posible genocidio, en el caso de los yazidíes. La vía de la justicia internacional está cerrada, por el veto de Rusia y China en la ONU y porque Siria no reconoce la autoridad de la Corte Penal Internacional. El único camino realista que queda consiste en construir casos, país por país, aprovechando que entre los refugiados que llegaron a Europa se encuentran una multitud de víctimas, que pueden ser testigos, pero también verdugos.

La Fiscalía alemana ordenó la semana pasada la detención de dos ciudadanos sirios, miembros de los servicios secretos, acusados de crímenes contra la humanidad. Y hace unos meses emitió una orden de detención internacional contra Jamil Hassan, estrecho colaborador de El Asad. Un tercer sospechoso ha sido interrogado en Francia. Nueve supervivientes de torturas presentaron ayer una denuncia en Estocolmo contra altos funcionarios del régimen. En EE UU, un juez ha condenado a Siria por el asesinato de la periodista Marie Colvin, que murió bajo las bombas junto al fotógrafo francés Remi Ochlik en Homs en 2012. Como ocurrió con José Couso en Bagdad en 2003 y con Juantxu Rodríguez en Panamá en 1989, ambos asesinados por soldados estadounidenses, el juez considera que no se trató de un error, sino de un ataque deliberado contra informadores para silenciarles.

Los responsables de las atrocidades cometidas en Siria no deberían sentirse seguros en ningún país. Sus crímenes fueron contra la humanidad y, por lo tanto, todos los países democráticos son responsables de llevarles ante un tribunal.