Frente al ruido, más datos

Cuando el ruido político alcanza peligrosos decibelios, la prensa de calidad se ve más obligada si cabe a buscar la verdad y separar nítidamente información y opinión, aspecto clave a vigilar en el largo periodo electoral en el que entra España. Decenas de lectores han protestado porque creen que EL PAÍS no ha sido cuidadoso en algunos casos. Están en su derecho de decirlo.

Más información

Contacta con el Defensor del Lector

Una queja reiterada es que el periódico se muestra indulgente con Pedro Sánchez, un reproche referido, por ejemplo, a cómo ha tratado el anuncio y posterior rectificación de la figura del relator. Francisco Zurita afirma que el periódico actúa "a mayor gloria de Pedro Sánchez y del PSOE". "¿Hasta cuándo van a respaldar a Sánchez?", pregunta por teléfono un enfadado lector.

La directora del diario, Sol Gallego-Díaz, responde que los lectores conocen la línea de EL PAÍS a través de sus editoriales, que incluyen en ocasiones juicios negativos a la acción del Gobierno. Tras difundirse que este aceptaba un relator en el contencioso catalán, el periódico publicó un extenso y único editorial titulado Error por error, con críticas a la iniciativa del Ejecutivo, recuerda la directora, por entrar "en un terreno pantanoso" y por "trivializar" la decisión. El editorial también afeaba a la oposición el haber convocado una manifestación con un lenguaje "incendiario".

Ni las quejas recibidas ni la respuesta de la directora cierran el debate, pero EL PAÍS recibirá siempre con respeto los mensajes de los lectores. Con especial sensibilidad si nos acusan de no buscar la verdad. El periódico falló al no publicar un cálculo propio de asistentes a la manifestación del día 10 en Madrid. Hubo 45.000, según la policía, y 200.000, según los convocantes.

Una queja reiterada es que EL PAÍS se muestra indulgente con Pedro Sánchez. Por ejemplo, al tratar el caso de la polémica figura del relator

El libro de estilo dice que el periódico debe añadir su propia cifra. No se hizo y de eso se ha quejado Luis de Luxán Meléndez, de Llanes (Asturias). Se intentó, cuenta un responsable de la sección de España, pero la conclusión arrojaba "un margen de error excesivamente amplio" y se optó por no publicarla.

De haberlo hecho bien, EL PAÍS hubiera contribuido con datos a rebajar el ruido. No es muy complicado si se siguen las pistas que marca el propio Libro de estilo: observación de fotos cenitales, superficie ocupada por los manifestantes... "Nos comprometemos a intentar perfeccionar nuestros métodos de observación y medición", promete un jefe de la sección.

Tampoco hemos contribuido a bajar los decibelios, protesta Juan Lois Mosquera, de Carballiño (Ourense), con este título en Deportes: En los derbis tiene que haber odio y pasión. Era una frase entresacada de una charla entre los veteranos baloncestistas Nacho Azofra y Joe Arlauckas. El responsable de Deportes lo justifica como parte de un "diálogo amistoso" entre dos antiguos rivales que, añade, hablan de un "odio deportivo" entendido como "pique".

Otros lectores han criticado el texto titulado La sombra de la justicia politizada (¿cómo se compara España con la UE?). El artículo citaba a España, junto con Polonia, Rumania y Hungría —tres países amonestados en ese terreno por Bruselas—, como casos sospechosos de tener una justicia politizada. El panorama español "se ve manchado", añadía, por "el pecado original de influencia de la política en la administración de justicia": a saber, la elección por el Parlamento de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial. En Italia o Francia, contaba, los miembros de órganos similares no son elegidos solo por políticos, sino también por jueces.

En Europa hay sistemas diferentes de elección y "ninguno es más legítimo que otro", alerta el lector Fernando Irurzun, desde Madrid. Tanto él como M. D. Cano, desde Ciudad Real, coinciden en que hay que separar los órganos de gobierno de los jueces de la función jurisdiccional.

Un lector se quejó más al leer que España quedaba mal en "una encuesta sobre independencia del Poder Judicial" hecha por el World Economic Forum "entre ejecutivos empresariales". España figura en el puesto 58, con 16 países europeos por delante, decía el mismo texto.

El autor del análisis lamenta esas lecturas críticas porque su pretensión era "estimular una reflexión que pudiera contribuir al debate en favor de una separación mayor entre política y justicia en España". Insiste en que adjudicó esa "sombra" solo al órgano de gobierno de los jueces y que aclaró que el caso de España es "muy diferente" al de Polonia, Rumania o Hungría.

La encuesta era un punto endeble. "No tiene ningún valor científico", advertía el texto. Por tanto, hubiera sido preferible no utilizarla como fuente. Prueba de su valor es que Ruanda (puesto 23), Arabia Saudí (30) o Egipto (31) quedan mejor que España. Pese a eso, el Banco Mundial la tiene en su web, y eso influyó, comenta el autor, al citarla para comparar países europeos.

Doy fe de que, con sus comentarios, la inmensa mayoría de los lectores desea que separemos el ruido de la música informativa. El objetivo es no decepcionarles.

defensor@elpais.es