Error por error

El Gobierno ha anunciado a través de su vicepresidenta, Carmen Calvo, que la mesa de partidos catalanes ideada para buscar una salida negociada a la crisis territorial en Cataluña se reunirá en presencia de una tercera figura con atribuciones difusas, entre el mediador, el relator y el notario. Desde la Generalitat, ha sido la consejera de la Presidencia, Elsa Artadi, la encargada de corroborar el acuerdo. El hecho de que hayan sido dos destacadas responsables de los Ejecutivos central y autónomo quienes han comunicado una decisión que corresponde a los partidos parlamentarios involucrados no es una banal incongruencia; es la constatación de que los dos órganos del Estado en cuyo nombre hablan Calvo y Artadi se comprometen a hacer suyas las eventuales decisiones adoptadas por una instancia política que invierte el papel institucional del Parlament. De acuerdo con lo anunciado, este dejaría de ser el órgano del que emana la voluntad de todos los catalanes para ser el instrumento que ejecuta solo la de los que votaron a determinados partidos.

La iniciativa recién anunciada es sin duda congruente con las pretensiones de las fuerzas partidarias de la secesión, para las que la voluntad de los catalanes reside contra toda exigencia democrática en el Ejecutivo que controlan, y desde el que pueden hacer y deshacer a su antojo, no en el Legislativo autonómico, que mantienen paralizado, cierran cuando les conviene o, como ahora, merman en sus funciones, a fin de neutralizar la pluralidad que desmiente su quimera de hablar en nombre de Cataluña. No es compatible, sin embargo, con la estrategia seguida por el Gobierno de Pedro Sánchez, decidido a explorar las vías de solución ofrecidas por el sistema institucional establecido por la Constitución. Acordar con la Generalitat una vía alternativa que involucre a algunos partidos con representación en el Parlament, reservando para este una posición de dependencia, no vulnera formalmente ese sistema: lo sustituye en sus funciones.

Pedro Sánchez se equivoca al trivializar la decisión, y el PP y Ciudadanos al escoger el terreno para rechazarla

La vicepresidenta Calvo, al igual que el primer secretario de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, han intentado relativizar recurriendo a eufemismos la presencia adicional de lo que, a tenor de sus declaraciones, solo es posible representarse como un inexplicable convidado de piedra en las conversaciones entre partidos. Pero es precisamente la indefinición de sus atribuciones, así como las dudas acerca de las características personales que debería reunir la figura elegida, lo que confirmaría el pantanoso terreno en el que está entrando el Gobierno. La presencia de un tercero en las conversaciones entre partidos no es requerida por los independentistas para restablecer ninguna confianza rota, sino para obtener la aceptación preliminar del principio de la mediación.

Ese principio es el que gravita sobre el ambiguo comunicado conjunto suscrito por los Gobiernos central y de la Generalitat el pasado 20 de diciembre, con motivo de la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona. La vicepresidenta Calvo ha asegurado que el Gobierno solo se considera comprometido con ese comunicado y no con el documento presentado por el president Torra, intencionadamente dado a conocer por este anteayer, y en el que se incluye la exigencia de una mediación internacional. El problema de la iniciativa a la que ha dado su visto bueno el Gobierno de Pedro Sánchez es que resuelve la ambigüedad del comunicado conjunto, no en el sentido favorable a su interpretación, sino en el que le daban las fuerzas independentistas. Todo ello, además, a cambio de nada, porque estas no han renunciado a la unilateralidad, sino que han redoblado la amenaza. Ni siquiera han apoyado explícitamente los Presupuestos, incrementando la debilidad del Gobierno y las incertidumbres en torno a la legislatura.

La reacción del Partido Popular y Ciudadanos a una iniciativa que, como la anunciada por el Gobierno central y la Generalitat, se apoya en un uso poco escrupuloso de las competencias del Ejecutivo y el Legislativo, no hace más que profundizar el deterioro del sistema político. En vísperas de un juicio que las fuerzas independentistas cuentan con instrumentalizar para desbordar las instituciones, poniendo en jaque el orden constitucional, el lugar para ejercer la oposición no son las calles, sino el Parlamento. Invocar el derecho de cualquier ciudadano y cualquier partido a convocar manifestaciones oculta la cuestión esencial que está en juego, y que es la oportunidad de hacerlo en estos momentos. Y hacerlo, sobre todo, sin que ni uno ni otro partido convocante haya adoptado iniciativa parlamentaria alguna relacionada con un asunto de tanta gravedad, ni en Madrid ni en Barcelona. Les basta, por lo que se ve, con un lenguaje brutal e incendiario en la calle. El Gobierno de Pedro Sánchez se equivoca al trivializar la decisión acordada con la Generalitat, pero lo mismo que el Partido Popular y Ciudadanos al escoger el terreno para rechazarla. Error por error, nadie parece tomar conciencia de que la situación puede acabar resultando incontrolable.