Aborto y natalidad

El líder del PP, Pablo Casado, ha insistido en la propuesta de derogar la actual ley del aborto de plazos, que entró en vigor en 2010, para volver a la de 1985, que solo permitía interrumpir el embarazo en determinados supuestos. Reabrir a estas alturas el debate sobre el aborto resulta extemporáneo y solo se explica por el deseo de hacer un guiño a los sectores más retrógrados de la extrema derecha con la que compite electoralmente. Al formular su propuesta, Casado utiliza además argumentos que no se sostienen, como que aquella ley tenía mayor consenso que la actual. La reforma no cuenta siquiera con el consenso de todo su partido. Hay que recordar que la actual ley de plazos se aprobó bajo el mandato del Gobierno socialista presidido por Rodríguez Zapatero, pero durante los mandatos de Mariano Rajoy no fue derogada, como tampoco la ley de matrimonio homosexual. El único intento de hacerlo, para volver precisamente a una ley de supuestos más retrógrada aún que la de 1985, acabó con la dimisión y la carrera de Ruiz-Gallardón, el entonces ministro de Justicia.

El otro argumento del líder popular expresado en la frase “si queremos financiar las pensiones y la salud hemos de pensar en cómo tener más niños y no en cómo los abortamos”, resulta peregrino. Establecer un vínculo entre la baja natalidad que sufre España y el aborto es de una inconsistencia sorprendente. La natalidad depende de muchos factores: su fomento solo puede basarse en una maternidad deseada y los abortos son casi siempre la consecuencia de embarazos no deseados.

En los 25 años que estuvo vigente, la ley de supuestos de 1985 permitió abortar, pero en un clima de gran inseguridad tanto para las mujeres como para los profesionales. La ley autorizaba la interrupción del embarazo solo en caso de violación, malformación del feto o riesgo para la salud física o psíquica de la madre. La mayoría de casos se justificaban por el riesgo psíquico para la madre, pero esta calificación podía ser cuestionada en cualquier momento, lo que introducía altas dosis de incertidumbre. La ley de plazos de 2010 permite abortar libremente hasta las 14 semanas de gestación y después solo en determinados supuestos. Con esta ley España se ha alineado con la legislación que rige en la mayor parte de países europeos. Durante su aplicación no solo no ha aumentado el número de abortos, sino que ha disminuido. Hemos pasado de una tasa de 11,78 abortos por cada mil mujeres a 10,51 y en cifras absolutas, de 113.000 abortos en 2010 a 94.000 en 2017. Lo que se espera de un político responsable es que ayude a resolver los problemas del país, no que quiera crearlos allí donde no los hay.