El grito de Teruel

Veinte años después del aldabonazo que representó la movilización de la campaña Teruel existe, la ciudad volvió a salir el domingo a la calle para pedir una sanidad digna. Una manifestación de 10.000 personas en una urbe de 35.000 habitantes es una gran movilización. Lo es sin duda en términos relativos y simbólicos, pero en términos absolutos es la mejor metáfora de lo que ocurre en partes cada vez más extensas de la España despoblada: albergan menos habitantes y, por tanto, tienen también menos fuerza para presionar. La provincia de Teruel ha perdido el 8% de su población en 10 años. Sus dirigentes recuerdan que en 1900 tenía 246.000 habitantes y, si hubiera crecido lo mismo que la media española, ahora deberían ser 615.000, pero apenas llegan a 136.000. Con la pérdida de población no solo se merma la capacidad de crecimiento y dinamismo económico, sino también las condiciones para retener o atraer población: unos servicios públicos de calidad.

En este caso Teruel focalizó su protesta en la sanidad, pero el mismo deterioro afecta también a la educación o la cultura. Cuando se entra en la espiral de la despoblación, las zonas concernidas pierden atractivo para los profesionales y cada vez cuesta más cubrir las plazas. En el caso de la salud se da además la circunstancia de que la mala planificación de los estudios de medicina ha dejado varias especialidades sin médicos suficientes. El propio Ministerio de Sanidad estima que en toda España faltan 4.000 profesionales para cubrir los servicios. En estas circunstancias, los hospitales pequeños no pueden competir y son los primeros que se quedan sin doctores.

Cuatro de los 33 servicios del hospital de Teruel carecen del personal adecuado y el resto trabaja con plantillas tan ajustadas que deben asumir una gran sobrecarga en guardias y número de pacientes. Se trata además de otro elemento disuasorio para atraer profesionales. Todos estos fallos obligan a derivar con frecuencia pacientes a Zaragoza para visitas o pruebas rutinarias.

La falta o la peor calidad de algunos servicios agrava el éxodo de la población joven hacia otras provincias. La que queda es una ciudadanía envejecida que, precisamente por el hecho de serlo, tiene más necesidades de atención. Los incentivos que el Gobierno de Aragón ha habilitado para evitar la fuga de profesionales apenas han surtido efecto. La espiral es demasiado fuerte. Existe una España vacía, que en Teruel prefieren denominar la España vaciada, formada por más de 10 millones de personas que se consideran ciudadanos de segunda porque no disponen, por poner solo tres ejemplos, ni de buenos trenes, ni de banda ancha, ni de médicos suficientes. Revertir esta situación exigirá algo más que incentivos, requiere un plan de choque con medidas globales y estructurales.