La industria del cine

El cine es una de las herramientas culturales más eficaces para representar la condición humana y el estado de ánimo de una sociedad. Fiel a estos principios, la gala de los Goya, celebrada el sábado en Sevilla, ha premiado una película que da visibilidad a la discapacidad intelectual y otra que se sumerge en la ciénaga de la corrupción. El cine cumple así con la triple función de entretener, emocionar y hacer pensar.

Además de una expresión artística, el cine español es una industria que, si bien ha alumbrado títulos taquilleros y de repercusión internacional, se asienta en una estructura empresarial frágil e inestable. Salvo un pequeño puñado de directores capaces de atraer inversiones por sí mismos, el cine depende en buena parte de la televisión, como pone de manifiesto el hecho de que las dos grandes ganadoras de los Goya, Campeones y El reino, hayan sido coproducidas por operadores audiovisuales. Todo gracias a una ley que les obliga a destinar anualmente un 5% de sus ingresos (un 6% en el caso de las cadenas públicas) a obras europeas. De ese porcentaje, más de la mitad se debe invertir en películas cinematográficas de cualquier género, mientras que el resto se puede dedicar a telefilmes y series.

Fruto de esta norma, las televisiones han aportado recursos millonarios para producir obras europeas. En 2016, la inversión rondó los 270 millones de euros, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el organismo encargado de controlar que los operadores audiovisuales cumplen en tiempo y forma. Prueba del impacto que ha tenido esta obligación es que en aquel año se produjeron 254 largometrajes, frente a los 150 realizados 10 años antes. No se puede cuestionar, pues, que la contribución económica del sector audiovisual, a través de la financiación directa, la compra de derechos de explotación o la coproducción, es un elemento que ha contribuido a reactivar la industria del cine. Pero eso ha generado un efecto perverso: el poder de las televisiones para influir en las historias que llegan al público y el casi nulo espacio que queda para las películas independientes.

Porque el cine no es una actividad económica más; es un pilar básico de la identidad cultural de un país, un sector estratégico de las manifestaciones artísticas y creativas. Y, como tal, ha de ser protegido por el Estado. Además del amplio abanico de ayudas y subvenciones públicas, sería deseable fomentar mecanismos de financiación privada para producir películas de calidad capaces de competir en el ámbito internacional. No se trata de producir muchas cintas, sino de cimentar una industria sólida y capaz de asumir riesgos.