Andalucía, capital Madrid

No deja de sorprenderme el desparpajo con el que se está negociando en Madrid el Gobierno de Andalucía. ¿A quiénes votaron los andaluces el 2 de diciembre? ¿Iban en alguna lista Pablo Casado, Teodoro García Egea, Albert Rivera, José Manuel Villegas, Santiago Abascal o Javier Ortega Smith? ¿Es una declaración de intenciones esta naturalidad con la que los tres partidos están jugando su partida de billar andaluza desde la capital de España?

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No hay precedentes en esta comunidad autónoma. Andalucía accedió al autogobierno por la vía del artículo 151 de la Constitución, la reservada a las comunidades históricas. No fue fácil ni automático. Costó un referéndum en 1980 y mucha batalla en la calle y en las instituciones. Pero desde entonces, los dirigentes de todos los partidos han tenido peso suficiente, y por convicción o estrategia, han impuesto su autonomía política. La reforma del Estatuto andaluz de 2006 tuvo el sí del PP porque Javier Arenas no podía volver a aparecer ante sus votantes como plegado a los intereses nacionales de su partido. Y eso que el texto —que define a Andalucía como una realidad nacional— tenía apartados idénticos al catalán y Génova había montado la bronca que todos recordamos con el Estatut. ¿Iban todos por libre? No, claro, pero el espectáculo que estamos viendo ahora es inédito.

Esta vez, nada más celebrarse las elecciones, se dio por hecho que las negociaciones para formar Gobierno —que ya se anticipaban difíciles o, mejor, de una difícil puesta en escena— iban a ser “tuteladas” desde las direcciones centrales de los partidos. Si ya resultaba humillante el tutelaje, la realidad lo ha superado porque la negociación la llevan personalmente los dirigentes nacionales. Sin complejos, como ahora le gusta volver a decir a la derecha heredera del primer desacomplejado, José María Aznar. Tampoco sus líderes vicarios en Andalucía parecen sentirse molestos. Incluso la primera filtración sobre el reparto de consejerías entre populares y Ciudadanos salió de Madrid.

El PP de Pablo Casado propuso este otoño devolver las competencias en Educación y se encontró con la resistencia de sus propios presidentes autonómicos. Pero ya hemos visto que, a petición de Vox, modificó en 24 horas su posición sobre la violencia de género. Y Vox, una verdadera obsesión para el nuevo PP, no es que pida devolver competencias, es que quiere suprimir las autonomías.