Indolencia

La actitud de una jueza instructora y de la fiscalía han llevado a la difícilmente justificable absolución en un caso de corrupción por parte de la Audiencia Provincial de Murcia del expresidente de la región, Pedro Antonio Sánchez, porque expiraron los plazos antes de que fuese examinado su caso y sin que la jueza hubiese practicado ninguna prueba. El político del PP y exalcalde de Puerto Lumbreras se benefició de que la jueza Carmen Torres Buitrago dejó pasar seis meses sin tomar declaración a los investigados y de que la fiscalía pidió dos días tarde la ampliación del plazo de investigación.

Pero, por encima de estos despropósitos, Sánchez salió absuelto ante todo gracias a la reforma de 2015 del Gobierno de Rajoy de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que reducía los plazos para llevar a cabo las instrucciones de tal forma que, como ha ocurrido en Murcia, se abría la posibilidad de que un acusado de corrupción saliese impune sin haber empezado el examen de su caso.

La absolución de Sánchez, que será recurrida, refleja un problema de fondo sobre el funcionamiento de la justicia, que no se puede explicar solo por el colapso que padecen los juzgados de la región, los segundos más congestionados de España según el informe del CGPJ del tercer trimestre de 2018, con casi 100.000 casos sin resolver. El juez de la Audiencia Provincial Álvaro Castaño-Penalva no ahorró descalificativos sobre lo ocurrido: “No hay excusa, no hay disculpa y sí indolencia”. Es difícil explicar la indolencia de la jueza ante un caso de esta relevancia, así como que la fiscalía presentase dos días más tarde de lo previsto por la ley el recurso para ampliar la investigación, para declararla causa compleja y disponer así de un plazo de 18 meses, ampliables a otros 18.

El verdadero problema no está solo en los colapsados juzgados de Murcia ni en la posible desidia durante la instrucción, sino en el Congreso de los Diputados. En una rara muestra de unanimidad, las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales han reclamado a Pedro Sánchez que derogue, mediante un decreto ley, el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Jueces y fiscales consideran que los seis meses de plazo son muy insuficientes, dado que los grandes procesos, como los que afectan a la corrupción, necesitan mucho más tiempo.

Desde finales de 2017 está presentada por Podemos una proposición de ley para derogarla, pero se ha enfrentado al filibusterismo parlamentario del PP, que ha solicitado en 58 ocasiones la ampliación del plazo de enmiendas y que, en contra de lo que prometió, ha presentado una que insta a mantenerla en los términos actuales. La mejor forma de evitar que un caso como el de Murcia se repita es anular una reforma legal, destinada a poner palos en las ruedas de las investigaciones de la corrupción, que nunca tenía que haberse aprobado.