Que dimitan todos

El Consejo General del Poder Judicial sigue en funciones tras el esperpéntico fracaso de la renovación pactada por el PP y el PSOE. La operación se frustró después de que se hiciese público un mensaje en el que el popular Ignacio Cosidó se jactaba de que su formación controlaba al elegido como futuro presidente, Manuel Marchena. Aunque la elección del magistrado del Tribunal Supremo hubiese permitido renovar el Consejo, se trataba de una solución viciada de inicio, pues mostraba que la designación dependía más de las lealtades político-corporativas de los candidatos que del servicio a la institución a la que iban a pertenecer. La lógica endogámica del sistema y la complicidad de los dos principales partidos quedaban explicitadas al pactar con anterioridad el nombre del futuro presidente, una potestad que la Ley Orgánica del Poder Judicial reserva en exclusiva a los propios miembros del CGPJ.

Estamos, parece, en un callejón sin salida. Después del sainete protagonizado por el inefable Cosidó, PP y Ciudadanos proponen ahora cambiar la forma de designación de los miembros del Consejo. Desde 1985, son las dos cámaras, a partes iguales, las que eligen a los 20 integrantes del Poder Judicial entre magistrados, jueces y juristas de reconocido prestigio mediante una mayoría cualificada de tres quintos. Se trata de un mecanismo adecuado destinado a que este órgano refleje la diversidad y la pluralidad política. El espíritu de la ley insta a los partidos a pactar los miembros del Consejo, no a repartírselos siguiendo consignas sectarias, y mucho menos a condenar al bloqueo en caso de que no se salgan con la suya.

A nadie debería escapar que un CGPJ en funciones representa un problema institucional grave. Y, sin embargo, no es la primera vez que un bloqueo de este tipo daña a una institución democrática: el propio CGPJ estuvo paralizado en el pasado, al igual que el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional o el Consejo de Radiotelevisión Española. Dado que se trata de órganos que deben su lealtad al Estado y no a una determinada fuerza política, nuestro marco constitucional prevé que los partidos con representación parlamentaria alcancen consensos para su renovación. Pero si este diálogo es imposible, lo es también el normal funcionamiento de las instituciones que vertebran el Estado, que en ningún caso deben reducirse a ser un simple espejo de las mayorías y minorías partidistas de las Cámaras.

Los partidos tienen una vergonzante responsabilidad en este bloqueo que tanto daña a las instituciones, pero también los miembros del Consejo, quienes podrían evitar la actual situación de grave desprestigio y descrédito de una institución que debería preservarse de manipulaciones sectarias. Ante la actual situación de parálisis, existe una forma eficaz para desbloquear la renovación del órgano de gobierno de los jueces: que todos y cada uno de sus miembros y suplentes presenten su dimisión, trasladando así la responsabilidad a quien le corresponde. De esta forma, si el Ejecutivo y la oposición quieren garantizar el normal funcionamiento de uno de los pilares institucionales del Estado de derecho, no tendrán más remedio que ponerse de acuerdo para renovar las 20 vacantes que quedarían libres. Por su parte, los vocales salientes demostrarían con su gesto el respeto por la institución que encarnan.