Gibraltar: la hora de la verdad

Cuentan que, siendo Borrell Secretario de Estado de Hacienda, un fontanero que le había reparado una avería le preguntó: “¿Con IVA o sin IVA?”. Borrell le contesto irritadísimo: “Pero ¿no sabe usted con quien está hablando?” El portero de la casa que andaba por allí quiso rebajar la tensión y se dirigió al operario diciéndole: “póngale un poquito de IVA…”.

Con Gibraltar está pasando lo mismo. El Gobierno se contenta con que Picardo suba un poquito el precio del tabaco para desalentar otro poquito el contrabando; a cambio, renuncia a la cosoberanía sobre el Peñón aprovechando el ‘Brexit’. Por no pedir, no pide ni la gestión conjunta del aeropuerto situado en un istmo ilegalmente ocupado por el Reino Unido (RU). Hay que empezar recordando que el título de soberanía británica deriva exclusivamente de la cesión de la ciudad y el castillo de Gibraltar, junto con el puerto, defensas y fortalezas que le pertenezcan (artículo X del Tratado de Utrecht). Ni el istmo ni las aguas fueron cedidos por España al Reino Unido.

Con el advenimiento de Naciones Unidas, el viejo derecho internacional es sustituido por un orden nuevo en el que las viejas colonias no tienen cabida. En aplicación del capítulo XI de la Carta, el Reino Unido incluyó en 1946 a Gibraltar en la lista de territorios no autónomos. Desde 1963, Gibraltar forma parte de la relación de territorios sujetos a descolonización. Desde entonces, varias resoluciones de la Asamblea General de la ONU han consolidado una doctrina que se resuelve en los siguientes puntos:

—La situación colonial de Gibraltar quebranta la integridad territorial de España y es incompatible con la Resolución 1514 (XV) sobre descolonización. Si el Reino Unido renuncia a su soberanía, Gibraltar debe retornar a España.

El Gobierno ni siquiera pide la gestión conjunta del aeropuerto del istmo ocupado ilegalmente por Reino Unido

—El principio de libre autodeterminación no es aplicable a Gibraltar. Por eso “el Comité Especial (…) declara que la celebración por parte de la potencia administradora del referéndum proyectado contradice las cláusulas de la Resolución 2331 (XXII)” (1 de septiembre de 1967).

—La descolonización de Gibraltar debe ser resulta mediante negociaciones bilaterales entre España y el Reino Unido. (Resolución 2070 (XX) de 16 diciembre 1965). Precisamente para preservar esta bilateralidad, me opuse al Foro de Diálogo a tres bandas que situaba a Gibraltar en el mismo nivel que España y Gran Bretaña.

—Negociaciones en las que deberán salvaguardarse “los intereses de la población al término de esta situación colonial” (Resolución 2353 (XXII)). Intereses, no deseos. Por eso, mi primer empeño en Naciones Unidas fue matizar las resoluciones posteriores que hablaban de aspiraciones de la población a la hora de descolonizar, incluyendo la coletilla de que fueran “legítimas conforme al derecho internacional”.

—Sólo Naciones Unidas puede decidir cuándo ha concluido el proceso de descolonización de Gibraltar. Las Declaraciones de Lisboa (1980) y Bruselas (1984) intentan cumplir con el mandato de Naciones Unidas pero los británicos se han negado siempre a discutir la soberanía sin consentimiento de los gibraltareños. En plena luna de miel Aznar-Blair, se lanza la idea de una soberanía compartida como solución de compromiso. Por desgracia fue solo un espejismo y los británicos se volvieron a encerrar en su conocida posición de no negociar la soberanía de la Roca sin el consentimiento de los gibraltareños. Reitero, en contra de la doctrina de Naciones Unidas

—Y en esto llegó el ‘Brexit’, una magnífica ocasión para restablecer el imperio de la ley internacional y para restaurar la integridad territorial de España. Y es que si lo que se quiere es que el Brexit no suponga también el divorcio de Gibraltar de la Unión, la única solución es la soberanía compartida del Reino Unido y de España. La propuesta de soberanía compartida, difundida en Naciones Unidas, en la Cumbre Iberoamericana y en todas las Instituciones y Cancillerías europeas, es una solución win-win (ganar-ganar) para todos. Pondría fin a una controversia de 300 años entre dos países que son amigos y aliados.

—La legislación europea seguiría aplicándose en Gibraltar como hasta ahora, al ser responsable España —en régimen de cosoberanía— de las relaciones exteriores del Peñón. La política de defensa, de inmigración y asilo serían también corresponsabilidad conjunta del RU y de España.

—Gibraltar disfrutaría en todos los demás ámbitos de un grado de autonomía tan grande como el actual, según el artículo 144 b) de la Constitución española.

—Los gibraltareños podrían adquirir la nacionalidad española sin tener que renunciar a la británica.

La propuesta de soberanía compartida es una solución win-win (ganar-ganar) para todos

—Los trabajadores españoles en Gibraltar tendrían los mismos beneficios que hoy tienen los autóctonos. Cosa que no ocurre ahora porque nuestros trabajadores cobran salarios más bajos y pagan las mismas cotizaciones que los residentes pero no tienen los mismos beneficios: viviendas de protección oficial, becas universitarias, reducción en los préstamos hipotecarios y complementos de pensión (el Community Care y Household Cost Allowance).

—Se pondría fin, como antes he indicado, a las controversias que actualmente enturbian las relaciones entre el Reino Unido y España y bloquean la aplicación de la normativa comunitaria (pesca, medio ambiente, espacio aéreo… etc).

—Permitiría crear una zona económica especial (Peñón, Campo de Gibraltar y Ceuta) capaz de absorber buena parte del comercio que transita por el Estrecho y de albergar a las ultinacionales que deseen canalizar las inversiones que la Unión Europea (UE) hará en el norte de África para intentar encauzar la inmigración.

Para que este desarrollo sea posible es condición previa la rehabilitación integral del área que rodea al Peñón, actualmente extraordinariamente degradada; plan de rehabilitación que daría empleo a muchos de los españoles que trabajan en la Roca.

—Las de la UE en el área del Magreb para garantizar la seguridad e intentar encauzar la inmigración abren oportunidades nuevas a las empresas multinacionales. El Corredor Mediterráneo contribuirá también a facilitar el transporte de mercancías desde el área de Gibraltar y países vecinos al norte de Europa.

Quiero subrayar que David Lidington, Ministro de la Presidencia del Reino Unido, ha venido a Madrid hace unos días para recordarnos que la posición de su país sobre la soberanía “no ha cambiado y no cambiará”. Y nos aconseja que “nos limitemos a buscar soluciones concretas a cuestiones como la de los trabajadores españoles en la Roca” (Forum Europa, 5 octubre 2018). Determinación se llama la figura.

La que si ha cambiado es la postura española, que se ha comprometido a no aprovechar el ‘Brexit’ para plantear reclamaciones que España ha defendido desde que Gibraltar fue cedido al RU por el Tratado de Utrecht de 13 de julio de 1713. Política exterior de plastilina que, dicho sea de paso, se ha llevado a espaldas de las Cortes y del pueblo español. Una dejación de funciones incomprensible en un Estado con un mínimo de conciencia nacional.

Ante esta insensibilidad ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros? Pues podemos hacer una cosa: pedir la palabra y ponernos a gritar para exigir que los actuales gobernantes se vean obligados a poner los intereses permanentes de España por encima de sus intereses particulares. A decir la verdad en la hora de la verdad.

José Manuel García-Margallo y Marfil fue ministro de Asuntos Exteriores de España.