El país con más de 100 normas y ningún plan para los bosques
La pesada burocracia y la inestabilidad política dificultan la preservación del medio ambiente en Rumanía, donde se encuentran algunas de las últimas masas forestales vírgenes de Europa
Hay quien viene al bosque de Strambu Baiut para encontrar un poco de tranquilidad. Pero, en realidad, en estas montañas del norte de Rumanía hay de todo menos silencio. El zumbido de los insectos se mezcla con el ruido de la lluvia de hojas secas y el sonido del agua que fluye en los riachuelos, mientras que las huellas frescas en el barro delatan la presencia cercana de osos entre árboles que alcanzan hasta 500 años de edad. “Todo lo que se ve aquí es obra de la ingeniería de Dios”, bromea Radu Vlad, responsable del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) Rumanía, paseando entre los abetos, hayas, fresnos y pinos de una de las últimas masas forestales vírgenes de Europa.
Los bosques cubren el 28,8% del territorio rumano (6,86 millones de hectáreas), según datos de FAO (la agencia de Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura). A pesar de los enormes progresos marcados en los últimos años en la regulación de la explotación forestal, la inestabilidad política, un marco normativo incoherente, una capacidad institucional limitada, la falta de transparencia, la vulnerabilidad social, la corrupción y la emergente economía de mercado representan una grave amenaza para los bosques de la región de los Cárpatos. Aunque el área bajo el control de la Administración está aumentando (solo el 7% de los bosques aún no está tutelado), el riesgo de explotación ilegal y de prácticas no sostenibles sigue al acecho.
Vlad asegura que se han logrado muchos avances, como la implementación de normas para proteger los bosques primarios y para garantizar la transparencia en el comercio de productos de madera; se han creado herramientas para combatir las actividades ilegales; y se han identificado 87 zonas de especial valor. “Pero aún tenemos más de 100 normas y ningún plan coherente a escala nacional, ni se invierte en infraestructuras”, matiza. “Cada nueva Administración ha ido agregando algo, pero las leyes no están armonizadas. El principal reto está ahora en cómo simplificar tanta burocracia, herencia del comunismo. Con cada nuevo Gobierno hay que empezar de cero y las cosas se mueven muy despacio. Algunas prácticas son medievales, por ejemplo tener que rellenar minuciosamente formularios en papel durante las operaciones de explotación forestal con el frío que puede hacer en los bosques”.
La superficie forestal rumana se organiza en compartimentos, cuyos administradores se escogen en subastas públicas. De momento el único criterio para adjudicarse un área de explotación es pagar el precio más elevado, aunque WWF está luchando para que se tomen en consideración más elementos, como la sostenibilidad. El segundo paso consiste en recopilar en un inventario los árboles que pueden ser talados. Cada una de las operaciones previstas ha de ser aprobada y un funcionario tiene que marcar el árbol con un martillo especial, un sello con un código único registrado ante un notario. Las características del árbol (diámetro, especie, número de identificación…) se apuntan en una libreta. Toda la información se publica en Internet y es accesible a través de una app. WWF espera que desde principios de 2019 sea posible mejorar el sistema de información en tiempo real para seguir en directo el transporte de las maderas a través un GPS colocado en los camiones, que acompaña el material desde el bosque hasta el destino final. Un último control se encarga de comprobar el estado del suelo después de la recolecta. Si no se han generado daños, se devuelve al administrador la fianza depositada al comienzo del contrato.
Que un bosque se defina virgen no significa que nadie pueda entrar y que no se puedan llevar a cabo actividades de explotación Florin Marzac, Romsilva
Un grupo de trabajadores con chaleco y casco naranja se acerca a uno de los 12.400 árboles marcados del bosque de Strambu Baiut, lo corta y se sirve de un caballo para arrastrarlo hasta el tractor al borde de la carretera. La madera empieza así su viaje, que acabará en países como Italia, Japón, Alemania, Hungría y China, solo por citar los que fueron los cinco mayores compradores del producto en 2016, según el Banco Mundial, generando unas ganancias de más de 1,82 billones de dólares.
Florin Marzac es el director de Romsilva —la empresa estatal encargada de la protección, preservación y desarrollo de los bosques públicos— en los Maramureș, la región en la frontera con Ucrania en la que se encuentra Strambu Baiut, declarado patrimonio mundial de la Unesco. “Que un bosque se defina virgen no significa que nadie pueda entrar y que no se puedan llevar a cabo actividades de explotación. Eso sí, no se pueden talar todos los árboles, ni de manera indiscriminada: hay que crear las condiciones para la regeneración”, explica mientras sortea raíces y piedras con paso seguro por senderos que ha pisado miles de veces.
Entre 2000 y 2011 Rumanía perdió cerca de 360.000 hectáreas de bosque (por deforestación o degradación), según datos de Greenpeace. El último informe de la organización revela que el año pasado se registraron más de 12.400 casos de explotación ilegal en el país, lo que se traduce en una media de 34 al día. Solo en Maramureș fueron 420 al año.
“Los últimos datos oficiales remontan a 2014 y cifran en ocho millones de metros cúbicos la madera proveniente de actividades ilegales”, recalca en conversación telefónica desde Bucarest Ciprian Gălușcă, coordinador de la campaña de silvicultura y biodiversidad de Greenpeace Romania. Las estimaciones para 2017 apuntan a 200.000 metros cúbicos. “Esto puede significar dos cosas: que las actividades ilegales han caído en picado y las autoridades están haciendo un muy buen trabajo para prevenirlas o, al revés, que se conoce solo una pequeña parte de lo que realmente ocurre”. La tecnología, opina, puede ayudar a mejorar el sistema de trazabilidad, a implementar un método eficiente de identificación por cada árbol y crear una buena base de datos electrónica.
“No se trata solo de proteger la biodiversidad”, recalca Vlad, de WWF. “Nací aquí, para mí es también una cuestión de identidad. La madera está muy presente en nuestra historia”. Como él, muchos ciudadanos de a pie están en alerta. En 2016, el 42% de los casos descubiertos por la policía se detectaron gracias a la sociedad civil, agrega Gălușcă.
La alianza con el sector privado
La fábrica de Plimob está tan cerca de la frontera con Ucrania que el móvil se conecta automáticamente a la red del país vecino. El 98% de las sillas que se producen en los cuatro establecimientos del grupo se destina a la firma Ikea, el coloso sueco de los muebles. En el año fiscal 2018, Rumanía fue el noveno proveedor mundial de madera para la compañía escandinava. De aquí llegaron 18,05 millones de metros cúbicos de madera y papel, casi el 4% del material empleado por la empresa.
La madera usada en Plimob, así como en el resto de empresas que producen para Ikea en el país, procede de bosques dotados de la certificación del Consejo de Administración Forestal (FSC, por sus siglas en inglés), una plataforma internacional que lucha contra la deforestación.
El 60% de las ventas de Ikea, que ha facilitado la realización de este reportaje, están relacionadas con la madera. Cada año, emplea 21 millones de metros cúbicos de madera, algo más del 1% del consumo mundial para usos industriales, provenientes de unos 50 países. El objetivo de la compañía es abastecerse exclusivamente de madera sostenible, pasando del 85% actual al 100% en 2020. En algunos países proveedores considerados especialmente de riesgo —Rumanía es uno de ellos—, esta meta se alcanzó en 2017.
El grupo sueco se ha aliado con WWF para fortalecer las políticas de protección, mejorar los estándares de certificación, proteger el ecosistema y garantizar transparencia en la cadena de abastecimiento en países como Bulgaria, Rumanía, Eslovaquia y Ucrania, donde se encuentran los últimos bosques vírgenes del viejo continente. “Los requisitos mínimos para la madera que empleamos son que no sea fruto de tala ilegal, que no sea origen de conflictos sociales, que no esté genéticamente modificada y que no provenga de bosques convertidos en plantaciones, por ejemplo. Después, los criterios se hacen más estrictos y se pide la certificación FSC”, explica Mikhail Tarasov, responsable global de Silvicultura de Ikea. Hasta ahora la alianza ha certificado 35 millones de hectáreas de bosque (más o menos la misma extensión que Alemania) en Asia y en Europa.
El cuidado del medioambiente también tiene un retorno económico. Un sondeo realizado por la compañía entre sus clientes muestra que la procedencia de la madera representa la segunda prioridad para los clientes (19%), apenas por detrás de la calidad de los muebles (21%). “La sostenibilidad es una parte integral de nuestro negocio”, señala Tarasov. “Solo si los bosques se gestionan con un balance de las necesidades comerciales, de conservación y social podremos satisfacer nuestros intereses crecientes a largo plazo”.
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