Incluso en Polonia la vida es bella

Hace una semana, cuando se reincorporó a su puesto de presidenta del Tribunal Supremo, del que el Gobierno le había expulsado junto a otra veintena de magistrados, Malgorzata Gersdorf respiró profundamente. “De momento, somos los ganadores; veremos qué pasa, pero hoy la situación es buena y la vida es bella”, manifestó, aliviada.

Para procurar esos alivios frente a los atropellos sirve la Unión Europea. Fue la Comisión, esa presunta banda de burócratas desalmados, quien el 24 de septiembre pidió al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que suspendiese con urgencia la ley de reforma del Supremo polaco fabricada por el Gobierno iliberal del partido Ley y Justicia. Porque bajaba la edad de jubilación de 70 a 65 años para desembarazarse de los jueces que no había podido ahormar, incrementaba de 93 a 120 los puestos magistrales y permitía publicar 44 vacantes a proveer a su gusto.

Bruselas iba escaldada por Hungría. Pleiteó antes contra Viktor Orbán, que había bajado la jubilación a 62 años. Sin solicitar cautelares. El Gobierno facha de Budapest hizo de su capa un sayo: al llegar la sentencia, los jueces ya habían desaparecido del mapa o sus puestos habían sido ocupados por togados dóciles.

La magistrada española de Luxemburgo Rosario Silva dictó el día 19 el auto (caso C-619/18R) en que suspendió la reforma del Supremo polaco, ordenó la devolución de las sillas a sus legítimos ocupantes y prohibió el nombramiento de otros jueces, hasta que se vea el fondo del asunto.

Varsovia ha reaccionado en desorden y con dispersión. Lleva una semana sin reacción oficial. Se espera que en esta diga esta boca es mía. Mientras, Malgorzata, que ya desobedeció este verano y siguió unas horas en su puesto, lo ha recuperado.

Pues Luxemburgo aplica el Tratado de Lisboa (artículo 19: los Gobiernos deben garantizar la tutela judicial efectiva) y la Carta de Derechos Fundamentales: si no hubiese tomado medidas urgentes, el nuevo Supremo polaco habría adoptado decisiones “sin las garantías inherentes al derecho fundamental de todos los justiciables a un juez independiente”, que es factor clave del “contenido esencial del derecho a un juicio justo”.

Frente a los Gobiernos autoritarios, el peso de la ley democrática. Ya se va viendo cómo la Carta de Derechos no solo rige ante las instituciones comunitarias. También nos protege de nuestros Gobiernos. Un avance copernicano.