El controvertido nuevo Senado
De una institución irrelevante vamos a pasar a una abiertamente contestada. Quizá no es la mejor forma de celebrar sus cuarenta años
¿Cuál ha sido el principal papel del Senado en estos cuarenta años de democracia? Seguramente, el de garantizar a ciertos representantes de intereses locales un acceso informal pero permanente al proceso de toma de decisiones del gobierno central. No es una cuestión menor, pero si su objetivo era el de representar de los intereses territoriales en la conformación de la voluntad general, el balance es muy pobre. Para suplir al Senado en esta tarea ha habido que encontrar otras alternativas (la influencia a través de los partidos políticos, las negociaciones en el Congreso, los foros multilaterales de cooperación entre niveles de gobierno), menos institucionalizadas y con resultados inciertos y cambiantes en el tiempo. Esta es de hecho la mayor debilidad institucional de nuestro modelo pseudofederal.
La falta de atribuciones sustantivas y la sintonía ideológica entre las dos cámaras parlamentarias hizo del Senado una cámara irrelevante. No es extraño que la opinión pública centrara su preocupación no en el incumplimiento de su mandato como cámara de representación territorial o en su estrafalario sistema electoral, sino en su gasto administrativo. Pero este periodo de irrelevancia ha acabado.
La causa principal es que los cambios electorales han provocado el fin de la sintonía ideológica entre las dos cámaras. En nuestro modelo de competición multipartidista, la desproporcionalidad de la representación en el Senado se ha disparado. Si tenemos en cuenta la distribución de votos por provincias en las últimas elecciones, el PP podría haber obtenido una mayoría absoluta en la cámara alta con solo 2,4 millones de votantes. Lo han leído bien, con menos del 10% del electorado, un partido puede controlar totalmente la cámara alta.
Es natural que se haya activado el interés de algunos en transferir poder al Senado -y el de otros por eliminarlo. En 2012, una mayoría parlamentaria conformada por un partido le otorgó la capacidad de vetar aspectos centrales del proceso presupuestario. La crisis catalana (el Senado vota el artículo 155) y la dificultad para acordar los nombramientos del CGPJ y del Tribunal Constitucional (el Senado elige directamente igual que el Congreso) han contribuido también al fin de esta irrelevancia.
La consecuencia es que sus problemas de diseño disfuncional son ahora transparentes. De una institución irrelevante vamos a pasar a una abiertamente contestada. Quizá no es la mejor forma de celebrar sus cuarenta años.
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