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AL HILO DE LOS DÍAS TRIBUNA i

La Monarquía y los valores republicanos

Resulta paradójico que el Parlamento catalán, que ha vulnerado las leyes de la democracia,

pretenda reclamar ahora unos abstractos valores republicanos

La Monarquía y los valores republicanos

En 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que alumbró la Revolución Francesa establecía que “los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derecho”. Al margen de que su lenguaje no fuera inclusivo como ahora se demanda, algo consecuente con las costumbres de la época, esta es probablemente la mejor definición posible de la esencia de los valores republicanos, recientemente reclamados por diversos portavoces políticos españoles. Con ocasión de la resolución para abolir la Monarquía que aprobó la semana pasada el Parlamento catalán, una portavoz de los llamados comunes declaró a la prensa que dichos valores republicanos son mayoritarios en la sociedad catalana. Y dijo bien. Tan mayoritarios son, habría que añadir, como en el resto de la geografía española, o quizá algo menos a juzgar por los excesos verbales y la demagogia provinciana que viene practicando el actual Govern de la Generalitat. ¿Pues en definitiva qué son los valores republicanos sino los que sustentan cualquier régimen democrático de corte liberal, como el que tenemos desde hace cuarenta años? Están inmejorablemente descritos por lo demás en el eslogan de la propia Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad.

Para defender esos principios son precisas elecciones libres y periódicas; una separación de poderes que permita el control del Ejecutivo por el Parlamento y la existencia de tribunales de justicia independientes. Un sistema así perdura desde hace décadas en la Europa democrática bajo dos formas de gobierno, diferentes en sus protocolos pero sustancialmente iguales en lo que importa, que es garantizar la libertad y la prosperidad de sus ciudadanos; la Monarquía parlamentaria y la República. Al comienzo de la Transición política se planteó de forma temprana el debate sobre el caso. La Monarquía no gozaba de especial reconocimiento entre la ciudadanía, independientemente de la adscripción ideológica de cada cual. Los herederos directos del franquismo, y de manera singular los falangistas, se habían hartado de cantar a voz en grito en los fuegos de campamento juveniles que “no queremos reyes idiotas que nos quieran gobernar” y la derecha española, salvo un puñado de leales a la Corona, se hallaba dividida en torno a la funcionalidad de la emoción monárquica a la hora de perseguir la deseada reconciliación entre españoles. Pero sobre los sentimientos prevalecieron los hechos: la existencia de un Rey que había heredado todos los poderes del dictador y que libremente renunció a ellos para devolver la soberanía a los ciudadanos. Y su actitud decidida, repetidas veces demostrada, de defensa de la democracia frente a las tentativas golpistas y las militaradas. Así nació el juancarlismo, sometido hoy a un proceso revisionista que nada tiene que ver con la innegable contribución de Juan Carlos I a la recuperación de nuestras libertades.

Los líderes que encabezaron el consenso que fructificó en la Constitución de 1978 coincidieron desde un primer momento en que no era la forma de Estado lo que estaba en juego, sino la existencia o no de un régimen democrático. Que este se lograra a través de una Monarquía parlamentaria o de una República al uso resultaba algo accesorio. Lo importante era recuperar los valores republicanos dinamitados por el franquismo y la devolución de las libertades a los españoles. Los representantes históricos de la izquierda y el republicanismo liberal, derrotados décadas atrás en una cruenta Guerra Civil, consideraron entonces útil mantener la Monarquía de la que se distanciaban intelectualmente para recuperar la democracia.

Demasiadas voces alertan ya sobre los peligros que amenazan el ejercicio de la democracia

Hoy en día existen siete monarquías en la Unión Europea, a las que cabría añadir las de Mónaco, Liechtenstein y Noruega, que aunque no pertenecen a ella incorporan sus directrices y cultura política. Hace ahora cinco años, el profesor Lluís Orriols publicó un artículo en el que ponía de relieve que dos prestigiosas organizaciones no gubernamentales, Polity y Freedom House, y la Universidad de Gotemburgo habían realizado encuestas para testar la opinión pública sobre la calidad de las democracias coronadas en comparación al resto de las europeas. Para sorpresa de algunos, pero no de quienes prefieren reconocer los hechos aunque desmientan sus obsesiones, el resultado fue que a juicio de los ciudadanos era mayor la calidad democrática en las monarquías parlamentarias. Y mucho mejor aún el funcionamiento de sus Gobiernos y la proximidad de los mismos a sus electores en países en los que paradójicamente el jefe del Estado no es votado democráticamente.

Hablando de paradojas, la más relevante de todas es que el Parlamento catalán, que viene vulnerando desde hace más de un año el Estado de derecho, definido en la Constitución y en el Estatuto que rige la autonomía de Cataluña, pretenda alzarse ahora en defensa de unos abstractos valores republicanos, y se apreste a acabar con la democracia en nombre de la democracia misma. El objetivo declarado no es otro que destruir el régimen del 78, incompatible con el independentismo unilateral pero también con el programa hecho público repetidas veces por Podemos. Conviene reconocer por eso que al margen de cuales sean los sentimientos y emociones que despierte a cada cual, la figura del Rey es pieza clave en la arquitectura constitucional de nuestra democracia y lo podría ser aún más si al final se lograra una reforma que reconociera el federalismo de la misma. Por último, pues paradójicos andamos, no estaría de más que el caballero Puigdemont explique por qué ha elegido una Monarquía parlamentaria para fugarse de la justicia española, si en tales regímenes se vulneran los valores republicanos que él pretende enarbolar. La experiencia histórica enseña que las dos Repúblicas que en los doscientos últimos años acometieron la tarea de promover en nuestro país esos principios fracasaron en el empeño, mientras que han sido reconocidos y defendidos por nuestro actual sistema. Habida cuenta de la fragmentación política hoy imperante, y la violencia del lenguaje tanto del poder como de la oposición, no parece este el mejor momento para emprender un experimento así, que en definitiva trata de resolver un problema que por el momento no tenemos.

Tenemos una clase política coherente con el universo mediático que algunos definen como la jauría

Demasiadas voces alertan ya sobre los peligros que amenazan el ejercicio de la democracia. La libertad es un bien escaso y siempre en riesgo, que demanda una defensa permanente. La mejor de todas ellas en aquellos países que la disfrutan es el respeto a las instituciones y la contribución a su fortalecimiento. El filibusterismo parlamentario de la oposición y las triquiñuelas jurídicas del poder para perseguir sus objetivos que últimamente jalonan la actualidad política, no se encuentran en ese recorrido. Tampoco el empobrecimiento de un debate político cada vez más trufado de oportunismo, demagogia y ambición, no pocas veces teñido de una especie de iluminismo mesiánico, que desdice precisamente de los valores republicanos. Tenemos la clase política que tenemos, coherente por lo demás con el universo mediático que algunos definen como la jauría. Entre unos y otros han convertido el debate sobre el poder en un reality show que puede llegar a ser la envidia del propio Donald Trump. Ya que nuestros líderes no han decidido todavía teñirse el pelo, no estaría mal que algunos de ellos se tiñeran por lo menos las ideas, de descoloridas que las tienen.

 

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