Encubrimiento

En 30 años, 33 sacerdotes han sido condenados en España por haber abusado de 80 menores. Este es el único dato cierto que tenemos sobre un problema que ha afectado a la Iglesia católica en todo el mundo, y si lo tenemos es porque las víctimas han acudido a los tribunales, en muchos casos tras observar que no obtenían una respuesta satisfactoria en la propia Iglesia. El ocultamiento es la respuesta que la Iglesia española ha dado a este gravísimo problema y aún ahora se escuda en el silencio para no afrontar la demanda legítima de información. No es imaginable que España haya quedado al margen de un comportamiento que, aunque minoritario, se ha visto que era mucho más grave y extendido en el mundo de lo que se quiso reconocer.

A pesar de los constantes llamamientos a la tolerancia cero del papa Francisco y de las recomendaciones hechas en 2010 a los obispados para que adoptaran medidas preventivas, solo dos diócesis españolas han comunicado desde ese año a la fiscalía casos de abusos. Y solo 3 de las 70 consultadas por este diario disponen de un protocolo que incluye la denuncia a los tribunales. No sabemos cuántos de los 500 casos que cada año se reportan ante la Congregación para la Doctrina de la Fe corresponden a España y tampoco cuántos expedientes internos se han abierto ni cuántos sacerdotes han sido apartados. Silenciar y ocultar los abusos sexuales a menores supone encubrir un delito que deja gravísimas secuelas en las víctimas. Esta actitud crea un clima de impunidad propicio a que los abusos se perpetúen, pues quienes los cometen pueden sentirse amparados por una jerarquía más preocupada por proteger la institución que por evitar el daño.

El problema no es solo de incumplimiento de la ley que desde 2015 obliga a denunciar los casos de abusos de los que se tenga conocimiento. El problema es que las directrices del papa Francisco son lo suficientemente ambiguas como para que en la práctica sea cada diócesis la que decida si actúa solo a escala interna o traslada la acusación a la justicia civil. La abismal diferencia en el castigo previsto actúa como un incentivo para que el asunto sea tratado a escala interna. Mientras el Código Penal castiga con años de cárcel los abusos continuados, el código canónico solo impone el apartamiento temporal del abusador y, en casos muy graves, la expulsión del ministerio. Si realmente quiere acabar con la pederastia en la Iglesia, el Papa debe equiparar el castigo eclesiástico al de la justicia civil e imponer la obligación de denunciar ante fiscalía en todos los casos. Su actuación en Chile, forzando la dimisión de los obispos por encubrimiento, indica que ha comprendido la dimensión del desafío. En la cumbre de conferencias episcopales convocada en febrero veremos hasta dónde llega y hasta dónde está dispuesto a combatir el oscurantismo de la jerarquía española.