Reequilibrio

El debate público se ha ocupado de determinadas brechas que, como las salariales o las tecnológicas, condicionan el presente y, en la medida que perpetúen la desigualdad, pueden lastrar el futuro del país. Pero en España hay además otra brecha, más profunda y más arraigada, que divide al país entre las zonas densamente pobladas, situadas en la franja litoral y Madrid, y el resto, en proceso de desertificación acelerada. Las cifras son elocuentes: el 30% del territorio (1.500 de los más de 8.000 municipios que hay en España) concentra 42 millones de habitantes (el 90% de la población) mientras que el restante 70% del territorio apenas suma 4,6 millones. Más de 5.000 municipios han perdido población en la última década y en más de mil no hay ningún niño menor de cinco años. La España despoblada es víctima de un círculo vicioso: la menor población conduce a una escasez crónica de recursos y servicios, lo que a su vez lastra la economía y acelera la pérdida de población.

Lo que caracteriza a la España vacía es la dispersión y el envejecimiento de la población. La dispersión hace que garantizar los servicios públicos a los que sus habitantes tienen tanto derecho como los demás resulte mucho más caro. Eso es algo que debe tenerse en cuenta, por supuesto, a la hora de abordar el nuevo sistema de financiación autonómica. Pero nos equivocaríamos si nos limitáramos a garantizar financiación para unos mínimos servicios públicos de supervivencia cuyo coste tampoco podría crecer de forma ilimitada. No podemos resignarnos a una dinámica que hace cada vez más caros e inviables esos servicios. De lo que se trata es de revertir las causas de la pérdida de población con políticas públicas que permitan activar la economía. El diagnóstico está hecho. Ahora necesitamos un plan de choque que convierta el reequilibrio demográfico en una oportunidad de progreso para el conjunto del país. Este no es un problema que afecte solo a las comunidades en regresión. Muchas de las más pobladas tienen también su propio desequilibrio interno. Cataluña, por ejemplo, concentra en la costa la mayor parte de sus habitantes, un desequilibrio no muy diferente del que vemos en Aragón, cuya capital concentra la mitad de los 1,3 millones de la comunidad.

El plan de choque ha de tener en cuenta la variable demográfica. Es previsible que las zonas rurales sufran en mayor medida las dos grandes tendencias de la demografía española, la baja natalidad y el envejecimiento de la población. Dentro de 15 años, uno de cada cuatro españoles tendrá más de 65 años y casi seis millones de personas vivirán solas. Hacerlo en el medio rural no debería ser más penoso. Dada la baja natalidad, es preciso contemplar la inmigración regulada como un instrumento para revertir el despoblamiento rural. En cualquier caso, para abordar con eficacia el problema es preciso habilitar instrumentos de inversión, tanto pública como privada, que incentiven la creación de puestos de trabajo en esos lugares. Y eliminar ciertos nudos ya bien identificados. No puede ser, por ejemplo, que uno de los pocos sectores emergentes, el turismo rural, se vea limitado por una lamentable cobertura de Internet o de telefonía móvil. Lo que lastra el turismo también lastra las oportunidades que brinda la revolución digital al permitir descentralizar procesos productivos y creativos. Si las reglas del mercado no son capaces de proveer esa cobertura, los poderes públicos deben intervenir para garantizarla.