Un error inexcusable

La elevada tasa de desempleo en España debería actuar como acicate para no cometer algunos errores administrativos de manual. El Ministerio de Trabajo tiene acumulados 1.504 millones destinados a subvencionar labores de formación para el empleo que, por razones poco o mal explicadas, no se ejecutaron en los ejercicios 2015, 2016 y 2017. Puesto que el dinero recaudado para formación tiene un carácter finalista, al no gastarse en los años correspondientes pasó a acumularse a la espera de una ejecución adecuada.

No está de más recordar que el mercado de trabajo en España tiene un gravísimo problema en la tasa de paro juvenil. En concreto, un problema que afecta a 522.000 menores de 25 años, según la Encuesta de Población Activa; que el número de jóvenes en paro sigue creciendo (en septiembre subió casi el 10%, según el paro registrado) y que existe también un problema de tanta o mayor envergadura con los parados mayores de 45 años. En ambos casos, la formación es una de las pocas vías para acceder al empleo y ese es el criterio que han seguido todos los gobiernos desde 1977. También es un hecho que las empresas necesitan trabajadores que estén preparados para las tareas que se les puedan encomendar; pero no los encuentran y la falta de formación, pagada con dinero que se recauda a partir de las bases de cotización, es una de las razones.

Nadie puede entender entonces que se retengan 1.504 millones que deberían estar financiando cursos de formación. Para explicar este error administrativo manifiesto, se arguye que los litigios por los casos de fraude en los fondos frenaron su ejecución; o que son las comunidades autónomas las que incumplen la ejecución prevista. No hay justificación racional a una carencia de inversión que todos los partidos consideran esencial para sostener el equilibrio en el empleo o, al menos, para que no se abra todavía más la brecha entre la oferta de trabajo y la falta de preparación de los trabajadores. Si se han abierto procesos legales para determinar si hubo un mal uso de los fondos, la respuesta correcta era usarlos bien, es decir, emplearlos para el destino correcto; y desde luego hay comunidades autónomas que siguen invirtiendo con plena normalidad en formación que, en definitiva, es un gasto social.

Tres años con un déficit considerable en formación para el empleo debería ser sobrado motivo de reflexión para el Ministerio de Trabajo. Aunque la grave negligencia sea imputable al Gobierno anterior, una vez conocida exige una respuesta adecuada del actual. Y no puede ser otra que ejecutar las inversiones retenidas, más las que correspondan a 2018, mediante un plan pactado con los agentes sociales. Es hora de recuperar el tiempo perdido.