Cortina de humo

La demanda del expresident Carles Puigdemont contra el juez Pablo Llarena ante la justicia belga no es en sentido estricto una iniciativa judicial, sino una argucia política que pretende servirse de los tribunales de ese país para arrojar dudas sobre el carácter democrático del Estado español e intentar provocar enfrentamiento o desconfianza entre las fuerzas politicas.

 A los efectos de Puigdemont y de sus abogados, poco importa que al final la justicia belga acepte o no su demanda, o el sentido de la sentencia que eventualmente pudiera dictar: de lo que se trata es de mantener bajo sospecha el sistema español durante el mayor tiempo posible y con la vista puesta en el proceso contra los dirigentes independentistas procesados. Para lograr este objetivo, no valía recusar al juez Llarena dentro del proceso de naturaleza penal que se está siguiendo en el seno de la justicia española, sino que era preferible emprender una aventura judicial de naturaleza civil ante una jurisdicción extranjera. Eso es exactamente lo que han hecho Puigdemont y sus abogados, confiando en convertir los pasos a los que está obligada cualquier justicia ante una demanda civil (como dar traslado automáticamente de esa reclamación a la persona afectada) en la materia de una nueva campaña de propaganda contra la democracia española.

De un prófugo de la justicia como Puigdemont era difícil esperar otro comportamiento; una conducta, por lo demás, cuya principal gravedad no reside en el desgaste que pueda provocar en la imagen exterior de las instituciones democráticas españolas, sino en su frívola disposición a profundizar la división entre catalanes, llevándola hasta extremos que, de no ser detenida de inmediato, podría acabar en fracturas y episodios difíciles de restañar.

Lo que, por el contrario, resulta incomprensible es que las fuerzas políticas españolas, e incluso algunas instituciones, como el Consejo General del Poder Judicial o la propia Abogacía del Estado, no hayan advertido desde el primer instante que el principal problema que plantea la demanda presentada en Bélgica no es de naturaleza jurídica, sino política. En concreto, la respuesta que urge, y que es la que se echa en falta, no es la que se refiere a la protección de la jurisdicción española, que ningún Gobierno dejará de asumir con todas sus consecuencias y todos los instrumentos legales internos e internacionales, sino la dirigida a desenmascarar la argucia política de Puigdemont y sus abogados. El abuso de derecho que están llevando a cabo.

En la república de fantasía desde la que el expresident se ha declarado en conflicto con la Constitución del 78, cualquier documento oficial de un tercer Estado, así sea la simple respuesta a una demanda civil, parece dotar a su estrategia de un componente de realidad del que carece. Pero lo que no es fantasía fue el intento de Puigdemont de imponer la independencia de Cataluña a una mayoría de catalanes que la rechaza. Puede echar cortinas de humo, pero no escapar a la gravísima responsabilidad por ese atropello.