Otra llamada a Maduro

La reacción oficial al atentado contra Nicolás Maduro del pasado 4 agosto muestra que, más que esclarecer unos hechos sobre los que hay mucha confusión, la voluntad del régimen venezolano es proseguir la persecución política contra líderes de la oposición. Una estrategia que ha sido denunciada y condenada ya en numerosas ocasiones por organismos internacionales. El diputado opositor Juan Requesens, recluido en el penal de Helicoide, ha sido acusado de siete cargos: traición a la patria, terrorismo, asociación para delinquir, posesión de armas y municiones y homicidio en grado de frustración. Llama la atención que todos estos cargos —que la Fiscalía, controlada por el Gobierno, está preparando para celebrar un juicio en las próximas semanas— se sustenten en una prueba que no va a ser utilizada: un vídeo autoinculpatorio del propio Requesens, difundido ampliamente por el Gobierno de Maduro, cuya obtención cuestionan familiares y oposición, que piden sea investigado por la justicia internacional. Además, hay otras seis personas detenidas por los mismos hechos cuyos procesos, sin embargo, han quedado separados del expediente incoado al diputado opositor.

Se trata, en suma, de un cúmulo de irregularidades en el procedimiento —entre los que se incluye la detención extrajudicial y la violación de la inmunidad parlamentaria— que han caracterizado los juicios a políticos opositores al régimen. Todo esto se produce en un ambiente de caos económico y de precariedad material de las que decenas de miles de venezolanos tratan de escapar hasta el punto de haber provocado una crisis de refugiados en Sudamérica, algo totalmente impensable hace pocos años. La huelga general convocada para mañana por la oposición “contra la hiperinflación y el hambre” es la enésima llamada de atención a Maduro para que abandone su obcecación de seguir en el poder a cualquier precio y permita que Venezuela vuelva a la senda democrática.