Que la paz no nos cueste la vida

Una muerte cada cuatro días. Desde la firma de los Acuerdos de Paz del Gobierno con las Farc, en diciembre de 2016, un total de 293 defensores de Derechos Humanos han sido asesinados en Colombia, según los datos del Instituto de Estudios sobre la Paz y el Desarrollo (Indepaz). Iván Duque, candidato del partido uribista y derechista Centro Democrático, se estrena hoy como nuevo presidente del país. “El principal valedor de Duque, Álvaro Uribe, ha sido el peor agresor de defensores de los Derechos Humanos, sociales y ambientales en nuestro país, por lo que tememos un incremento de las amenazas y la criminalización de las personas que luchan por mantener los Acuerdos de Paz, por la restitución de tierras y por el respeto a los derechos humanos”, señala Alberto Franco, director de la ONG Justicia y Paz.

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A unos 500 kilómetros de Bogotá, a 10 horas de coche y 6 horas más en barco, se celebra la 'Asamblea por la Vida y permanencia en el Territorio del Río Naya', donde cuatro líderes de la comunidad afrocolombiana fueron raptados y asesinados, el pasado mes de mayo. No es nada nuevo: pese a que la violencia tras el Acuerdo de Paz se ha visto muy reducida, los asesinatos a líderes sociales y defensores de Derechos Humanos han aumentado de forma crítica. Dos de las viudas y una de sus hijas comparten su dolor: “Mi esposo iba para el lugar de trabajo, para la escuela y su hermano lo acompañaba. Durante dos meses no supimos nada. Merecemos derechos y respeto. Somos seres humanos. ¿Hasta cuándo el Gobierno va a estar sin mirar a los campesinos de corazón?”, dice una de las viudas, ahora desplazada desde la zona rural del Río Naya a la ciudad de Buenaventura.

Según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en los 53 años de conflicto se han registrado 8 millones y medio de víctimas. Entre ellas, las comunidades afrocolombianas han sido de las más afectadas: tres de cada diez personas desplazadas son afrocolombianas, una cifra muy significativa teniendo en cuenta que esta comunidad representa menos del 9 % de la población total del país. Las mujeres son las principales víctimas del desplazamiento. Mujeres afrocolombianas mayoritariamente cabezas de familia que, tras el asesinato de sus esposos, hermanos o hijos, se ven desplazadas de zonas rurales a las urbes donde pierden su vida en comunidad, sus tradiciones y su cultura para ser ridiculizadas y estigmatizadas en los lugares de destino. Se ven solas y obligadas a mantener al resto de la familia en un entorno de racismo. Son víctimas de una triple discriminación por el hecho de ser mujeres, afrocolombianas y desplazadas.

“La paz que añoramos, que reclama correcciones, tendrá correcciones para que las víctimas de verdad sean el centro del proceso para garantizar verdad, justicia y reparación”, recordó Duque al pronunciar en Bogotá su primer discurso tras ser elegido. Para las organizaciones sociales con las que llevamos años acompañando a las verdaderas víctimas del conflicto, a las más vulnerables y a las frecuentemente olvidadas por los Gobiernos, el proceso de corrección que el ahora nuevo presidente quiere poner en marcha supone un riego para la vida y la implementación de la Paz. "Si Duque modifica el acuerdo de paz, existe el peligro de que el número de disidentes de las FARC aumente y supone también un riesgo para las actuales negociaciones de paz con el otro grupo guerrillero, el ELN”, insiste Thomas Mortensen, responsable de InspirAction en Colombia.

Naciones Unidas ha instado de nuevo al Congreso de Colombia a poner en marcha el sistema de Justicia Especial para la Paz (JEP), un aspecto crucial de los Acuerdos de Paz basado en la verdad, la justicia, la reparación para las víctimas y la no repetición, pero que se encuentra paralizado desde la elección del nuevo presidente. “Se pretende sacar a los militares de la JEP y quitar los curules (los asientos que ocupan las Farc en el Senado y la Cámara de Representantes producto del acuerdo de paz) de las FARC pactados en el acuerdo. Se habla de la erradicación forzosa del cultivo de coca volviendo incluso a las fumigaciones aéreas con glifosato, sin respetar y promover los acuerdos de sustitución voluntaria que ya se han firmado al amparo del acuerdo de paz” asegura Mortensen.

A mediados de junio, las organizaciones socias de InspirAction en Colombia, CAJAR, CCEEU, CREDHOS, Sisma Mujer y PBI mantuvieron reuniones con 11 embajadas (Suiza, Holanda, Austria, España, Suecia, Portugal, Alemania, Rumania, UK, Dinamarca y Canadá), la Delegación de la Unión Europea y la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas para transmitir sus principales preocupaciones ante las anunciadas correcciones al Acuerdo de Paz por parte de Duque. El papel de todas ellas ha sido clave para conseguir unos acuerdos que, aunque no son perfectos, suponen una ventana de esperanza. La presión internacional es clave para evitar que se quede en papel mojado y se lance de nuevo a millones de personas a la violencia y el desplazamiento.