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Las licencias del taxi

El sistema actual de concesiones es un caldo de cultivo del mercado negro y de todos los manejos más oscuros

Concentración de taxistas en Barcelona
Concentración de taxistas en Barcelona

Resolver el fondo del conflicto taxis-VTC (Uber, Cabify...) será un sudoku. Solo un triple milagro de habilidad negociadora podría conseguirlo. Triple:

Hay que acordar cesiones mutuas entre taxistas y teveceros.Aquellos tienen garantizada por la ley de 2015 la proporción 1x30, un rival por cada treinta de ellos. Estos han ido obteniendo sus licencias legalmente desde la ley ómnibus de 2009, lo que ha cristalizado una proporción 1x7. Uno por treinta y uno por siete son baremos incompatibles. Solo pueden cohonestarse por cesiones de unos o de otros; o de ambos; en su caso, con (limitados) apoyos financieros públicos.

Hay que acordar la cesión de competencias del Gobierno a las autonomías (y metrópolis) sobre transporte de viajeros (muchas recelan) de manera que se fije un marco (amplio) común; y que se eviten abusos de posición de alguno de los colectivos (o de todos) sobre las Administraciones más débiles.

Hay que lograr una entente entre Gobierno y oposiciones, porque eso solo puede hacerse por ley orgánica (artículo 150.2).

En suma, un embrollo. Se comprende que el tranquilísimo Mariano se retirase a su benemérito registro de Santa Pola.

Pero además, debe reconstruirse un sistema de gestión inteligente. El de estas licencias no lo es. Una de taxi cuesta entre 60.000 y 150.000 euros: cosifica, corporativiza y estanca al sector. Una de VTC (36 euros en tasas públicas) se vende hoy por unos 65.000 euros. Es una locura. Una burbuja. Caldo de cultivo del mercado negro y de todos los manejos más oscuros.

Por eso convendría programar a plazos y por fases la desmonetización de las licencias. O sea, para todas las nuevas: la del conductor que se jubila o fallece vuelve a ser propiedad de la Administración, que la expende por riguroso turno o concurso de méritos, o una combinación de ambos métodos. Para las antiguas, convendría explorar un sistema de amortización equilibrado: con apoyo público (municipal, autonómico y nacional), y del mercado, mediante apelación a bonos de deuda.

Un esquema de ese tipo solo puede aspirar a funcionar si su base social se compone de autónomos individuales. Si lo hegemoniza el mundo de la empresa, probablemente resulte imposible.

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