Tregua en el taxi

La desconvocatoria de la huelga del taxi —para muchos un cierre patronal por las características empresariales de los propietarios de las licencias— es más bien una tregua con fecha de caducidad (mediados de septiembre) que una solución perdurable. Las calles de Madrid y Barcelona ya no están ocupadas por los automóviles, pero quedan varios cabos sueltos en las relaciones a trois entre el Gobierno, las asociaciones del taxi y las comunidades autónomas. Por el momento, la Conferencia Nacional del Transporte ha admitido el traspaso de las competencias sobre VTC a las comunidades autónomas, como querían los taxistas; la relación 1 licencia VTC por 30 de taxis se ha aceptado como fórmula áurea y Fomento ha dejado entrever (la concreción es poca) que habrá una nueva normativa sobre Transporte Privado Urbano. Esperemos.

Pero la situación dista de estar resuelta. Las licencias concedidas a VTC hasta ahora —efectivas y atribuidas— son legales. Resulta imposible anularlas para mantener la relación 1/30. Los Gobiernos autonómicos serán llamados a dirimir un conflicto potencialmente virulento sin que, al menos en un primer momento, tengan los recursos y la capacidad de gestión necesarios para hacerlo.

Por añadidura, está en el limbo cuanto atañe al bienestar de los usuarios. Los VTC han modificado para bien los hábitos de consumo y han inducido una mejora indiscutible, aunque con altibajos, en el taxi convencional. Han inoculado la idea de que el cliente es el dueño de las condiciones del vehículo mientras viaja en él. Si se aceptan las peticiones del taxi, al fin y al cabo un modo de transitar hacia la competencia plena, debería también incluirse en la regulación prometida algunas exigencias que deben cumplir los taxistas: condiciones de higiene mínimas, tarifas flexibles y una revisión a fondo del sistema de concesión de licencias. En suma, acabar con el acaparamiento y el mercado negro.