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El futuro de la Corona

Cada vez resulta más difícil de justificar las aportaciones de valor de una institución salpicada de escándalos, conductas inapropiadas e indicios verosímiles

El Rey emérito saluda a la reina Letizia en una imagen de archivo.
El Rey emérito saluda a la reina Letizia en una imagen de archivo.

La abdicación del rey Juan Carlos puede explicarse, como todas las grandes operaciones de Estado, a partir de una doble dimensión en la que lo real se mezcla con lo simulado. Así, la verdadera razón de un proceso de renuncia al trono, hasta entonces inédito, había que buscarla en la aceptación del irreversible desgaste de imagen sufrido por su titular. Con el acuerdo en el diagnóstico, la solución pasaba por garantizar la viabilidad de la Corona a través de la renuncia de los derechos de su titular en la persona del legítimo heredero. La operación de comunicación política consistió, a continuación, en presentar como un relevo generacional acorde con los tiempos lo que fue, más bien, la fórmula imaginativa encontrada para hacer responsable de sus actos a quien la Constitución le exime de ello. El pretendido éxito de una intervención sobre la monarquía desde la lógica democrática de la depuración de responsabilidades políticas quedaba fiado, empero, a que la narrativa explicativa de la abdicación no quedara desmontada con el tiempo. Algo que, obviamente, parece que ya ha ocurrido.

La reciente revelación del contenido de una serie de conversaciones en las que se relaciona a don Juan Carlos con comportamientos poco acomodados a los estándares que se debe exigir a un Jefe de Estado, o directamente incompatibles con la ley, pone en cuestión el pretendido éxito de la operación abdicación e impide que se consolide el relato de “una monarquía renovada para un tiempo nuevo”. De hecho, para hacer frente ahora a las consecuencias del comportamiento de quien fuera el titular de la Corona apenas quedan ya mecanismos capaces de mitigar los daños sobre el Rey, que no pasen por sugerir a su padre un exilio voluntario y discreto. Más difícil solución tiene todavía el tratamiento de aquellas prácticas conocidas y que, de probarse ciertas, vulneran la ley. Aunque la Constitución protege al Rey emérito frente a cualquier actuación de los tribunales por los actos cometidos mientras ejerció las funciones de Jefe de Estado, parece obvio que no ayudará a la Corona tener que recurrir, en último extremo, al privilegio de la inviolabilidad.

Más allá de si prospera cualquier petición de comisión de investigación parlamentaria o del resultado al que dé lugar la pieza separada abierta en los tribunales, a nadie se le escapa que asistimos a un proceso de deterioro continuado de la Corona que erosiona de manera ¿irreversible? sus anclajes dentro del sistema político. Cada vez resulta más difícil de justificar las aportaciones de valor de una institución salpicada de escándalos, conductas inapropiadas e indicios verosímiles, cuando no certezas judiciales, de comportamientos contrarios a la ley. Quienes imaginaron la abdicación como un parteaguas hoy saben que la operación no ha mitigado los daños en una institución de corte hereditario. Felipe VI va a necesitar más determinación para afrontar un incierto futuro para la Corona lastrado por una herencia en la que sobran “activos tóxicos”. Ha llegado el momento de ver cómo administra su propia iniciativa.

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