Clima de intimidación
Menos mal que la política y los políticos están sujetos a los jueces y así protegen a los ciudadanos que no se dejan intimidar
Los protagonistas políticos del famoso procés suelen decir que se trata de una acción política totalmente pacífica y democrática. Incluso presumen de ello. Nada más falso. Lo peor y más condenable de la situación catalana no es la muy remota e improbable posibilidad de que en un momento dado Cataluña se separe de España sino que hoy la sociedad catalana vive en un creciente clima de intimidación. No hay asesinatos, como durante tantos años sucedió en el País Vasco, pero sí hay lo que en aquella comunidad pretendían los etarras con sus sangrientas acciones: hay miedo. Y si hay miedo no hay libertad.
Desde hace muchos años el nacionalismo catalán es mucho más sutil que el vasco, quiere presentarse ante todos como un movimiento sereno y tranquilo. No lo es, asusta en distintos grados. Desde siempre. Una de las directrices políticas de Jordi Pujol durante sus 23 años de gobierno para “construir Cataluña” fue controlar a la sociedad catalana, en todos sus estratos, desde los empresarios a los sindicatos pasando por el mundo cultural y hasta los partidos de la teórica oposición. Y lo consiguió: todos obedecían, quien se movía dejaba socialmente de existir. Practicó una especie de macartismo. Sus sucesores han sido más brutales, hoy todo es más burdo: se acosa a los políticos en la calle, se atemoriza con lazos amarillos (para saber quiénes no lo llevan, como dijo El Roto), se insulta, tuits, escraches…
Ejemplo de todo ello es lo sucedido en la Universidad Autónoma con los jóvenes de Sociedad Civil Catalana, la asociación contra la independencia a la que dan soporte el PSC, Ciudadanos y el PP. Durante varios cursos, estos jóvenes han sido agredidos e insultados violentamente en pleno campus universitario sin amparo alguno de las autoridades académicas. Encima, este año el Rectorado les denegó su inscripción como asociación de estudiantes. Por lo visto, según el Código Hays catalán, resultaban intolerables. Hay 65 asociaciones de estudiantes inscritas en esta universidad pero tenían que ser los de Sociedad Civil los únicos prohibidos. Vergonzoso.
Pero recurrieron en recurso de amparo ordinario y la juez ha estimado sus razones, ha reconocido que la actuación de la Universidad constituía “una censura clamorosamente ilegal”, ha fallado que la autoridad académica ha infringido cuatro derechos fundamentales (igualdad, libertad ideológica, libertad de expresión y derecho a la educación), ha mandado que la asociación de los jóvenes de SCC fuera inmediatamente inscrita en el Registro y ha condenado en costas a la UAB.
La ley es el instrumento del débil frente a la arbitrariedad del poder. Menos mal que la política y los políticos están sujetos a los jueces y así protegen a los ciudadanos que no se dejan intimidar.
Francesc de Carreras es catedrático de Derecho Constitucional y fundador de Ciudadanos.
