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Defender lo público

Nada hace tanto daño a lo que es de todos como que los partidos lo usen para sus intereses

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá.
La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá. EFE

Un Estado moderno necesita de un sector público fuerte e independiente: una educación y sanidad públicas de calidad, unos reguladores neutrales que defiendan a los ciudadanos y empresas y agencias públicas capaces de competir de tú a tú con lo mejor del sector privado.

Pues bien, nada hace tanto daño a lo público como que los partidos lo usen para satisfacer intereses privados. Nombrar como director de una cadena hotelera de lujo (Paradores) a una persona cuya única experiencia profesional es su íntimo conocimiento de los pasillos de un partido político es obligar a sus trabajadores a competir contra los mejores hoteles del mundo atados de pies y manos.

Nombrar a una persona sin ninguna experiencia en gestión, cuyo único mérito es su ideología progresista, para dirigir una enorme e influyente institución cultural, como el Cervantes, es lo menos progresista posible: asegura el continuo debilitamiento de una institución en la que, cada vez más, lo que menos cuenta es el mérito.

Nombrar para dirigir un organismo público cuya tarea es entender qué piensan los ciudadanos, como es el CIS, a un miembro de la ejecutiva de un partido destruye la credibilidad de las encuestas que publica el organismo y nulifica el duro trabajo que hacen sus trabajadores para elaborarlas.

Muchos recibieron al nuevo Gobierno con la esperanza de que acabaría con las viejas prácticas clientelares. Pero los nombramientos del nuevo Gobierno muestran una preocupante falta de respeto por lo que es de todos. ¿Qué les parecería que el nuevo presidente de la comunidad de vecinos encargara el mantenimiento del patio o la piscina a sus amiguetes?

Muchos recibieron al nuevo Gobierno con la esperanza de que acabaría con las viejas prácticas clientelares

Y no se trata de que ningún miembro de un partido político puede aspirar a puestos de responsabilidad. Profesionales cercanos al partido del Gobierno pueden estar capacitados para dirigir empresas cotizadas en Bolsa con facturaciones de miles de millones de euros, como Red Eléctrica y AENA. Pero incluso en estos casos el procedimiento ha sido demencial: nombrar al gestor de una gran empresa requiere un proceso de selección independiente y exigente, capaz de encontrar al mejor candidato. Los directivos no pueden ser los beneficiarios de un dedazo que se produce por el cambio de una mayoría parlamentaria.

Lo mismo sucede con los reguladores, que nuestros partidos utilizan como extensión del Gobierno. Un consejero de la CNMC, la agencia encargada, entre otras cosas, de dictaminar si las decisiones del Gobierno vulneran la competencia, es esposo de la nueva ministra de Energía. Esto es una incompatibilidad sobrevenida de libro, y exige una dimisión o, como mínimo, una clarísima y pública renuncia a evaluar las decisiones que tomó su compañera de hogar.

Pero más allá de los reguladores y las empresas públicas, el mayor ataque a lo público desde posiciones supuestamente progresistas se produce en la educación. La educación debería ser el instrumento clave de progresión social. En España, con la mayor tasa de abandono escolar de Europa, no lo es. Para que lo fuera sería necesario, en primer lugar, mejorar el proceso de selección y formación del profesorado y dar a los docentes una verdadera carrera profesional con aumentos salariales para los muchos excelentes profesionales.

Pero la ministra de Educación prefiere volver a jugar de tahúr, usando los grandes éxitos de la política de la división (concertada, religión en las aulas, etcétera) para enterrar el intento de introducir un MIR docente que se estaba consensuando en el Congreso. Así no sirve a lo público, sino a los intereses clientelares de un núcleo duro de sindicalistas que no quieren hacer nada por que el sistema mejore y para ello busca distraer a los votantes con las mismas polémicas que tan bien han servido a este propósito en el pasado.

Patrimonializar lo público, ponerlo al servicio de los intereses partidistas, e incluso personales de los que dirigen el país, no es más que hacerles el juego a los que buscan que el sector público fracase. Defender lo público requiere defender la calidad, la capacidad y el mérito en la selección de los que van a tener las responsabilidades clave en el sector público.

Luis Garicano es profesor de IE Business School y responsable de economía de Ciudadanos.

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