El frente polaco

Primero fue el Tribunal Constitucional, después el fiscal general, ahora llega la hora de la purga al Tribunal Supremo. En apenas dos años y medio el partido ultraconservador Ley y Justicia ha cumplido sus promesas. Hay que prestar atención a las promesas electorales de los populistas. Las cumplen cuando alcanzan el poder.

Polonia estuvo en vanguardia de los combates contra el totalitarismo y ahora también está en vanguardia, pero de una regresión que tiene el inconfundible perfume del tipo de régimen contra el que luchó en los años 80 de la mano de Solidarnosc. Un solo partido controla de nuevo el parlamento, el ejecutivo, la presidencia de la República, el aparato judicial y, para postre, los medios de comunicación públicos, mientras mantiene a raya a los privados.

El resultado es devastador: hacia adentro, porque ha desaparecido la justicia independiente y la división de poderes; y hacia afuera, porque la Unión Europea difícilmente culminará su procedimiento de castigo contra quienes infringen la regla de juego, porque el gobierno ultra de Varsovia encontrará el apoyo y el veto a su procedimiento de condena en el gobierno también ultra de Hungría.

No es una buena noticia la activación de un artículo de excepción como es el séptimo del Tratado de Lisboa, pensado más como un botón nuclear que nunca debería accionarse, que como un procedimiento de uso regular. Pero es todavía peor si su utilización no conduce a la resolución del conflicto o incluso sirve para agravarlo.

No es precisamente feliz el momento europeo en que se ha producido el asalto final del poder ejecutivo polaco. Europa no ha saltado por los aires como algunos deseaban y muchos temían como resultado de la acumulación de crisis y de la acción concertada de Trump y Putin para desunirla. No lo ha hecho con la crisis del euro, tampoco con el Brexit, ni ahora con la crisis de fronteras. Tampoco con el deterioro del Estado de derecho y de la democracia en Polonia y Hungría, ni con la lenta erosión de los acuerdos de Schengen para la eliminación de fronteras y de la legislación europea e internacional sobre asilo. Pero pierde una sábana en cada colada.

No es ocioso recordar el artículo segundo del tratado de Lisboa, porque es precisamente su transgresión la que debe dar lugar al procedimiento de sanción previsto en el artículo séptimo: "La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres".

¿Acaso la creación de campos para candidatos al asilo, sea dentro de la UE o en sus fronteras, tal como se ha previsto en la última cumbre, no debería juzgarse también bajo la luz rigurosa de este artículo del Tratado de Lisboa?