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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Disponer de la propia vida

El proyecto que va a debatirse es protector y garantista

Cordon

El hecho de que todos los grupos políticos, excepto el PP, hayan apoyado tomar en consideración la proposición de ley del PSOE para regular la eutanasia en casos de enfermedad incurable o discapacidad grave crónica abre la puerta a que la ayuda a morir no solo sea legal en España, sino además una prestación garantizada por el sistema sanitario público. Es de celebrar que Ciudadanos haya cambiado su posición, de la abstención al apoyo. No se entendería que un partido que se declara liberal no se aviniera a tramitar una ley destinada a ampliar los derechos individuales. La ley de dignidad al final de la vida presentada por este partido es importante para garantizar cuidados paliativos y una buena muerte para los pacientes, pero no resuelve los casos que causan un gran sufrimiento a pesar de tener los mejores cuidados.

Editoriales anteriores

Hace ya tiempo que las encuestas muestran el apoyo mayoritario de la ciudadanía a despenalizar la eutanasia, incluido un significativo porcentaje de votantes del PP. Si ninguna de las muchas iniciativas presentadas hasta ahora ha prosperado es porque la eutanasia se había convertido en un tabú, pero como ocurrió con otro de esos tabúes, el del matrimonio homosexual, el legislador debe atender a la voluntad de la mayoría y no aceptar que ruidosas minorías impongan sus particulares creencias. Conviene recordar que, como otras leyes a las que la Iglesia católica se opuso con vehemencia, la regulación no impone ninguna obligación a nadie. Solo reconoce el derecho a disponer de la propia vida y da libertad y autonomía a todos los pacientes para actuar según sus valores.

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El proyecto que va a debatirse incluye las cautelas necesarias para evitar que se produzcan abusos y reconoce el derecho de los profesionales sanitarios a la objeción de conciencia. Es una ley protectora y garantista, y está inspirada en legislaciones con largo recorrido en países como Holanda o Bélgica, donde se ha demostrado que el legítimo temor a posibles abusos puede conjurarse con la adopción de mecanismos adecuados de control.

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