RTVE es de todos

En toda democracia consolidada, los medios de comunicación públicos cumplen unas funciones que van más allá de las meramente informativas, educativas o de entretenimiento. Las radios y televisiones estatales son un instrumento para promover la cohesión territorial y la diversidad lingüística y cultural, contribuyen a preservar los derechos de las minorías y de los menores y fomentan la libre expresión de las ideas. Por su propia condición, estos medios deben estar al servicio de los ciudadanos, a quienes tienen la obligación de rendir cuentas a través de sus legítimos representantes en el Parlamento.

En España, los medios audiovisuales de titularidad pública —ya sean de ámbito estatal, autonómico o local— no puede decirse que estén completamente homologados a las corporaciones europeas prestigiosas, como la BBC o la ZDF, motivo de orgullo para británicos y alemanes, respectivamente. En España, estos entes públicos son una anomalía en términos democráticos. Tradicionalmente han actuado como un apéndice del poder, abdicando de su función básica, que no es otra que la de preservar su independencia respecto al poder político.

Utilizada de forma descarada en beneficio propio por los Gobiernos de turno, RTVE no ha cumplido la misión que se le debe exigir a una institución obligada a respetar el pluralismo, albergar todas las sensibilidades ideológicas y cumplir con los principios básicos de neutralidad, rigor y credibilidad.

Los escasos intentos llevados a cabo por los grupos políticos para que la televisión pública dejara de ser un órgano de partido han fracasado estrepitosamente. José Luis Rodríguez Zapatero impulsó una ley que dejaba la elección del consejo de administración y del presidente de RTVE en manos de una mayoría cualificada del Congreso de los Diputados. La medida propició una de las etapas más profesionales e independientes de la corporación pública y que tuvo un reflejo especial en los informativos. El consenso duró poco. Mariano Rajoy cambió la ley y designó al nuevo presidente solo con los votos del PP.

La falta de un modelo consensuado y aceptado por los cuatro grandes partidos está erosionando una institución como RTVE, que debería funcionar al margen de los vaivenes políticos. El grupo audiovisual vive una situación esperpéntica. Su actual presidente, José Antonio Sánchez, acaba mandato el próximo viernes sin que el Congreso haya nombrado sucesor. En una clara dejación de sus responsabilidades, los grupos parlamentarios han puesto en marcha maniobras dilatorias para bloquear durante meses la renovación de la cúpula directiva. El cálculo partidista ha primado sobre el interés general[…]: lo demuestra el desprecio hacia los procedimientos y la gestión de una institución pública que debería disfrutar de una posición tan respetable como la que tienen otros organismos públicos, ya sean el Banco de España, la CNMV o el Consejo General del Poder Judicial.

Los políticos tienen en sus manos trasladar a RTVE el modelo BBC, tantas veces invocado como símbolo de independencia. Los ciudadanos exigen un servicio de calidad, plural y no sectario. Todo lo contrario de lo que ahora reciben.