Nueva política social

La estabilidad económica y social de un país depende de dos factores castigados durante los Gobiernos de Mariano Rajoy. Un mercado laboral con una contratación estable es esencial para garantizar las expectativas de crecimiento y permitir el aumento de la productividad; la crisis financiera, la recesión subsiguiente y la política económica depresiva han hundido la productividad española hasta crear un vacío profundo en el equilibrio económico. La recuperación de los salarios es, además, una condición necesaria para la estabilidad social. Las retribuciones de los trabajadores tienen que seguir, con mayor o menor proximidad, al aumento de los beneficios y de las rentas de capital. Solo así se evita la percepción de una recuperación asimétrica y se cortan de raíz las causas de inestabilidad.

La proximidad de un acuerdo salarial entre la patronal y los sindicatos para este año y los dos próximos ejercicios es un mensaje de tranquilidad social que ayudará mucho a las expectativas de estabilidad política, poco firmes hoy, durante la legislatura. Porque pone fin al alejamiento de las empresas y los sindicatos, porque instaura un horizonte de crecimiento salarial (2% más otro punto de aumento por ajustes) que aleja el fantasma de los recortes salariales y de los ajustes basados solo en los recortes de rentas de los trabajadores y porque permite sentar bases más firmes para el crecimiento de la economía. Más demanda y más consumo. No es asunto menor el que los trabajadores, que han pagado el coste más elevado para salir de la recesión, obtengan una parte de los beneficios del crecimiento.

En clave política, el nuevo Gobierno necesita una política de rentas distinta, pactada y coherente con el programa económico implícito de la legislatura. Esa es la base que proporciona el acuerdo. Tiene que acompañarse con un cambio verosímil en las leyes laborales. La reforma laboral de Rajoy debe interpretarse como una norma excepcional, quizá necesaria para permitir la supervivencia de las empresas en una recesión profunda, pero que no es compatible con una fase de recuperación. Los empresarios que mejor han reaccionado a la crisis saben que la estabilidad en el empleo aumenta la productividad, genera más valor añadido y fortalece a las empresas. Los negocios construidos sobre la temporalidad y los contratos precarios suelen ser efímeros y su aportación a la estabilidad económica es irrisoria.

El Gobierno de Sánchez ha experimentado en sus carnes el síndrome de la cruda realidad y ha tenido que admitir que carece de escaños para derogar la reforma laboral. Quizá la minoría parlamentaria pueda convertirse en este caso en una ventaja, porque no es necesario derogar la reforma laboral para mejorar el mercado de trabajo. Basta, por el momento, con reformar aspectos críticos de la reforma. Las líneas de acción, lo que la ministra llama retoques, cuya exigencia mínima es que sean pactadas, se concretan en combatir la temporalidad a través de los incentivos adecuados y de las inspecciones laborales necesarias, debatir de nuevo la ultractividad y volver a la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa. Son prácticas que pueden mejorar las condiciones del mercado laboral en dos años.