Rapidez ejemplar

La dimisión de Màxim Huerta como ministro de Cultura es una respuesta impecable a los principios de ejemplaridad y honradez que se ha impuesto el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez. El ministro deja su cartera apenas una semana después de tomar posesión debido a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que considera que cometió una infracción fiscal. Según las dos sentencias, irrebatibles, Huerta utilizó una sociedad interpuesta para eludir 256.778 euros entre los años 2006 y 2008 procedentes de sus ingresos como periodista televisivo y fue condenado a pagar 365.939 euros a la Hacienda pública como consecuencia de esa elusión demostrada y de la sanción correspondiente.

El presidente de Gobierno había proclamado recientemente que nadie que hubiese utilizado una sociedad interpuesta para pagar menos impuestos formaría parte de su ejecutiva en el PSOE; con igual o mayor razón hay que aplicar este principio en el Gobierno. Después de varias conversaciones con el presidente, el ministro de Cultura ha tomado la única decisión razonable y coherente con los propósitos de honradez del nuevo Ejecutivo. En su declaración pública de renuncia, Huerta ha argumentado que se retira porque “ama la cultura y la transparencia”. Pues bien, en el ejercicio de esta segunda virtud debería haber informado a Pedro Sánchez, cuando le propuso ser ministro de Cultura, de las circunstancias de su condena por infracción fiscal (2014) que no era precisamente antigua. Pero no lo hizo y esa es una de las causas probables de esta primera crisis.

Las explicaciones ofrecidas por el ministro en su forcejeo inútil para evitar la dimisión han sido pobres e inverosímiles. No es cierto, como ha proclamado en varias declaraciones y repetido en una comparecencia de dimisión, que fuese víctima de un cambio de criterio de Hacienda en lo que respecta al uso de sociedades interpuestas para pagar impuestos. El criterio fiscal no ha variado: es ilícita una sociedad interpuesta cuya única finalidad sea pagar facturas e impuestos. Si esas son sus únicas funciones, existe un indicio, indirecto pero firme, de que se quiere pagar por impuesto de sociedades (25%) lo que debería gravarse por IRPF (marginal del 48%). La condición para que sea admisible por Hacienda y por los tribunales el uso de una sociedad interpuesta es que dicha sociedad aporte algo más a la facturación de la misma, algo más que los ingresos y el patrimonio de una sola persona. Por lo tanto, la sociedad Almaximo, a través de la cual Huerta pagaba sus impuestos, era ilegal entonces, como lo sería ahora, en virtud de su ausencia de funciones y contenidos.

El argumento de que la condena se le impuso cuando no era ministro cae por su propio peso. Difícilmente puede tener tiempo el ministro Màxim Huertapara cometer en cinco días una infracción tributaria. Más allá de esta inconsecuencia, la dimisión de Huerta, en la que la actitud de Pedro Sánchez ha sido decisiva, es una decisión ejemplar. Es la forma más rápida de combatir las debilidades políticas de un Gabinete y una prueba de que el compromiso contra la corrupción va en serio.