El precio del pacto

Con la aprobación ayer de los Presupuestos Generales del Estado para 2018, el Gobierno logra el objetivo que se había propuesto de garantizarse un horizonte de estabilidad que le permita aguantar la legislatura hasta su eventual agotamiento en 2020 ya que, en el peor de los casos, Rajoy podría prorrogar estos Presupuestos hasta la próxima cita electoral.

La aprobación es una buena noticia en un momento marcado por una doble incertidumbre. Por un lado, la decisión del independentismo de nombrar presidente a Quim Torra no solo ha reabierto el debate sobre la vigencia, continuidad o reedición del artículo 155, sino que apunta a un recrudecimiento de las tensiones políticas y sociales vividas en Cataluña el año pasado. El desafío catalán requerirá, una vez más, la unidad de las fuerzas constitucionalistas en torno a un Gobierno ya lo suficientemente debilitado por sus malas perspectivas electorales y los casos de corrupción como para resistir una eventual pérdida de los apoyos parlamentarios que hasta ahora le habían garantizado su continuidad. Castigar a Rajoy castigando a la vez a todos los españoles no es una buena política.

Además de los problemas específicos de España, en el horizonte internacional y europeo se acumulan suficientes elementos de riesgo. En un momento marcado por las presiones proteccionistas provenientes de Washington, el alza del precio del petróleo y la incertidumbre económica generada en Europa por la llegada al poder en Italia de fuerzas populistas y euroescépticas, hay que saludar que España haya sido capaz de encontrar la manera de salvaguardar su estabilidad, aun de forma precaria.

Por diferentes motivos, y sobre todo obedeciendo a sus propios cálculos de interés político, económico y electoral, Ciudadanos y el PNV han decidido apoyar los Presupuestos. En el caso de los primeros, una retirada del apoyo hubiera supuesto responsabilizarse de un adelantamiento electoral o del agravamiento de la inestabilidad en un momento crítico.

Para el PNV, a pesar de haber condicionado su apoyo a levantar el 155, ha quedado claro que la única responsabilidad por el agravamiento de la situación catalana corresponde a las decisiones tomadas por los independentistas. El voto del PNV ha puesto de manifiesto la negativa del lehendakari Urkullu a sacrificar las considerables ganancias para su comunidad autónoma logradas en la negociación en aras de satisfacer la radicalidad de Puigdemont y Torra, empeñados en alentar el victimismo a costa de los intereses de Cataluña. Sin duda, PDeCAT y ERC deberían tomar nota de esta pérdida de simpatías, así como de la habilidad y pragmatismo del lehendakari.

El logro se ve empañado en términos estrictamente económicos porque el presupuesto genera notables dudas en torno a la estabilidad de las finanzas públicas y la senda fiscal que el Gobierno se propone conseguir. Las concesiones a PNV y otros cinco partidos, incluyendo la revalorización de las pensiones en el 1,6% con carácter retroactivo, hacen difícil lograr un ajuste del déficit al 2,2% este año; si se consigue situarlo en el 2,6%, ya será una hazaña notable. Ello cuestiona el propósito de reducir la deuda, una debilidad alarmante de la política financiera. De todo ello tendrá que dar cuenta el Ejecutivo en Bruselas.