Ante el maltrato infantil, los pediatras debemos estar alerta

Una profesional de la atención a la infancia ha sido imputada judicialmente por detectar un posible caso de abusos a una menor, que al parecer, luego no se confirmó. El asunto abre una agria polémica profesional y de enfrentamientos entre periodistas y pediatras, pero va más allá. No olvidemos al menor, nuestra única preocupación sigue siendo la infancia, ¿Cómo afecta este caso a la alerta que todo profesional debe tener cuando atiende los problemas de los críos? ¿Cómo afecta a docentes, psicólogos, policías o guardias civiles? Cualquiera que trabaje con la infancia puede quedar desprotegido ante la ley, por un lado, tiene la Obligación, con mayúsculas, de denunciar cualquier sospecha de abuso sexual o maltrato, pero por otro puede enfrentarse a la cárcel por ello. Además, se confirme o no tendrá que verse expuesto a los medios y al largo proceso judicial, aunque al final quede sobreseído. El caso lo recoge el escrito del fiscal que habla de "invención ". Y la réplica se la he pedido a quien podría ofrecerla mucho mejor que yo.

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Cuando la infancia no es un sitio amable

La violencia sufrida por niños, niñas y adolescentes supone un infierno que tendrá consecuencias a corto, medio y largo plazo en su desarrollo y bienestar. Para ellos, la infancia no es un lugar amable. Cuando el terror acecha, y el enemigo está cerca, cuando las personas que agreden son las que les debieran proteger, cuidar y acompañar en esta etapa de la vida, el daño es especialmente doloroso. Cuando el amor, la confianza, la ternura y el respeto no son la base de la relación con alguna de las personas que les cuidan, y encuentran en su lugar amenazas, chantaje y violencia, ser una persona menor de edad se convierte en una pesadilla de la que es muy difícil salir ileso.

Los profesionales que trabajamos en contacto con la infancia, debemos estar alerta y ser garantes de sus derechos. Cuando estamos ante la sospecha de cualquier tipo de maltrato contra las personas menores de edad (físico, psicológico, abuso sexual, negligencia), tenemos la obligación de notificar esta situación de riesgo ante la autoridad competente para que la investigue. Si se confirma, se habrá protegido al menor. Si no, se habrá tratado de una falsa alarma, justificada por la extrema gravedad de los hechos sospechados y la absoluta indefensión de quien los padece.

Los Protocolos de actuación frente al maltrato infantil, tanto a nivel nacional, como autonómico, detallan los pasos a seguir ante estas situaciones. En ellos están implicadas las distintas administraciones de forma coordinada (fundamentalmente ámbito educativo, ámbito sanitario, ámbito judicial, Servicios Sociales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado). Todo ello para preservar el interés superior del menor, que es el que debe guiar las actuaciones.

La violencia contra niños, niñas y adolescentes es una realidad bien conocida y comunicada por diversas instituciones y organismos que velan por la infancia. Prueba de la preocupación por este problema es la aprobación en el Congreso el 12 de septiembre de 2017, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, de una Proposición No de Ley que instaba al gobierno a elaborar una “Ley Integral contra la Violencia a la Infancia y Adolescencia” y que tiene de plazo hasta septiembre de 2018 para su elaboración.

Existen numerosos estudios que visibilizan esta terrible realidad y ponen de manifiesto que son muchos los niños, niñas y adolescentes maltratados en la infancia, en la mayoría de las ocasiones en el ámbito familiar o en el entorno cercano.

Entre ellos, el de UNICEF “Una situación habitual: violencia en las vidas de los niños y los adolescentes” y de la Fundación ANAR “Evolución de la violencia a la infancia en España según las víctimas (2009-2016)” en los que se aborda a nivel mundial y en nuestro país respectivamente, la incidencia de todo tipo de maltrato contra la infancia.

Respecto al abuso sexual infantil, se estima que uno de cada cinco menores sufre una situación de abuso sexual antes de cumplir 18 de edad. Save the Children publicó en septiembre de 2017 el documento “Ojos que no quieren ver”. Entre sus conclusiones, revelan que cuando un menor verbalizó en el colegio una vivencia de abuso sexual, solo se tomaron medidas en el 15 % de las ocasiones.

Campañas divulgativas como “Uno de cada Cinco” auspiciada en 2011 por el Consejo de Europa y la campaña #notecallescuéntalo (6), presentada por la Fundación Edelvives y la Fundación ANAR la semana pasada, son muy necesarias, porque los casos que salen a la luz son solo la punta del iceberg de una agresión que se da en el entorno cercano, tapada con el miedo, el poder, el pudor, la amenaza o la vergüenza.

Todas estas iniciativas van encaminadas a informar, prevenir y sensibilizar sobre una realidad insultante y cruel como es el maltrato contra las personas menores de edad. Una realidad que entre todos debemos cambiar porque es degradante, devastadora, y perjudicial para los niños, niñas y adolescente que la sufren, condenándolos, en muchas ocasiones, no solo a tener problemas físicos, psicológicos y sociales durante su infancia y adolescencia, sino que pueden llegar a truncar por completo su proyecto de vida.

Nos sorprende, en este contexto de sensibilización creciente frente a la violencia contra la infancia, la noticia que hemos leído en la prensa hace unos días y que informa sobre una pediatra que va a juicio por haber notificado la sospecha de abuso sexual en una adolescente, sospecha que posteriormente no se confirmó. Aun desconociendo los detalles de la instrucción de este proceso, nos preocupa que se cuestione la aplicación del protocolo de actuación, así como el trato periodístico que se le ha dado (se ha facilitado nombre, apellidos y lugar de trabajo de la profesional). Estas circunstancias han desatado una reacción de incredulidad, desconcierto e inseguridad entre muchos profesionales de distintos ámbitos que tienen en común el trabajo con la infancia.

Creemos que, en un tema tan grave, en el que se están dando pasos tan lentos en la protección hacia los menores, en el que las campañas pretenden romper el silencio, hace un flaco favor una noticia de este tipo. La información debe ser no solo rigurosa, sino responsable. Tanto la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap), como la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), se han manifestado en este sentido. Asimismo, hacen un llamamiento a todos los profesionales para que, en el ejercicio de su labor, tengan siempre presente el interés superior del menor y defiendan sus derechos cuando sospechen que están siendo vulnerados.

Es responsabilidad de toda la sociedad y de los organismos que la representan, amparar al mensajero y no silenciarlo.

*Autores: Narcisa Palomino Urda, Rafael Jiménez Alés. Grupo de Trabajo Familia y Menores de la AndAPap.