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TRIBUNA

Un pacto cívico por la ciencia

La autora reivindica el papel de la investigación en la sociedad, porque "puede ayudar a los ciudadanos a desarrollar un pensamiento crítico basado en la evidencia"

Un pacto cívico por la ciencia

Vivimos en un momento paradójico en el que, a pesar de que la ciencia y la tecnología están muy presente en nuestras vidas, y gracias a ellas muchos disfrutamos de un alto grado de bienestar, existe una brecha creciente entre la ciencia y la sociedad, como se puede ver, por ejemplo, en el cuestionamiento de las vacunas y del cambio climático, y en el auge de las medicinas alternativas. Y es que también, gracias a la ciencia y la tecnología, nunca antes habíamos tenido acceso a tanta información, pero también a tanta desinformación, que si no filtramos no hace más que reafirmarnos en nuestras creencias e ideas preconcebidas y, siendo presa de nuestras emociones, somos más vulnerables a grupos de interés que cada vez son más poderosos y a quienes en muchas ocasiones interesa mantenernos desinformados. Soy madre de dos hijas y me preocupa mucho el mundo en el que van a crecer, un mundo de la posverdad donde las afirmaciones ideológicas se presentan como equivalentes a aquellas basadas en la evidencia.

Es esencial acercar la ciencia a la sociedad por muchas razones, pero si tuviera que destacar una sería porque la ciencia puede ayudar a los ciudadanos a desarrollar un pensamiento crítico basado en la evidencia, clave de la actividad científica. La educación científica debería centrarse en hacer a los ciudadanos expertos en ese proceso, porque la ciencia es una forma de pensar, una manera de buscar la verdad, y es contraproducente que la educación científica se limite a la presentación de un cuerpo de conocimiento científico incuestionable, como tradicionalmente se ha hecho, porque hacerlo así aleja a la ciencia de los ciudadanos y la convierte en un objeto de culto más que en una herramienta. Esta capacidad de pensamiento crítico es algo que se puede aplicar a todas las facetas de nuestra vida y nos ayudaría a estar mejor informados, a ser menos manipulables y a exigir una política basada en la evidencia. Porque la evidencia, la ciencia, no sólo debe estar más presente en la política a nivel de asesoramiento, sino que debe ayudar a definir la agenda política y social, pero esto nunca se va a lograr si los ciudadanos no lo exigen así.

Desde hace muchos años me preocupa el debilitamiento de las instituciones científicas de nuestro país; la ausencia de voluntad para modernizarlas y para hacerlas más permeables; la sangría en recursos humanos; y que la política científica se haga de espaldas a la comunidad científica y a los ciudadanos. Pero en nuestras reivindicaciones, siento que también nosotros, los científicos, hemos estado de espaldas a la ciudadanía y no hemos aprovechado la oportunidad de adoptar una perspectiva global que tienda puentes entre la ciencia y la sociedad.

Por motivos de supervivencia, la comunidad científica se ha centrado principalmente en el presupuesto anual de I+D y la necesidad de un acuerdo parlamentario quimérico que proporcione un apoyo estable. Pero es claro que, en ausencia de una rendición de cuentas, nuestros líderes políticos nunca se sentirán responsables. ¿Por qué? Porque en estas conversaciones los ciudadanos, sus electores, nunca han estado involucrados y sin la presión de la sociedad la ciencia nunca será una prioridad.

Gracias a la ciencia y la tecnología, nunca antes habíamos tenido acceso a tanta información, pero también a tanta desinformación, que si no filtramos no hace más que reafirmarnos en nuestras creencias e ideas preconcebidas

En lugar de un acuerdo parlamentario por la ciencia necesitamos un pacto cívico. Un pacto cívico arraigado en la comprensión de los ciudadanos, por una parte del empoderamiento que conlleva la capacidad de desarrollar un pensamiento crítico basado en la evidencia; por otra del papel que la ciencia puede tener en la creación de una sociedad justa y democrática, capaz de disfrutar de un estado de bienestar sostenible.

Adoptando un lenguaje que creemos resuena entre nuestros legisladores, hemos argumentado incansablemente sobre la necesidad de obtener un nivel adecuado y estable de inversión pública en I+D que esté de acuerdo con el potencial económico del país. Porque la inversión pública en I+D atrae a la inversión privada y un sector fuerte de I+D puede contribuir al crecimiento de la economía y al cambio del modelo productivo a uno basado en la generación de conocimiento que sea menos vulnerable a las crisis económicas. También argumentamos que es contraproducente recortar en I+D en época de crisis porque los beneficios que la I+D pueden aportar a la economía vienen con un retardo y los recortes inhabilitan posibles vías de recuperación. Por ejemplo, por cada dólar de inversión pública en el Instituto Nacional de Salud de EEUU, el retorno a la industria es de 8 dólares después de 8-10 años. Todo esto es crítico, pero si queremos que el mensaje cale en la sociedad debemos enmarcarlo en contexto más amplio. Los ciudadanos deben entender que no solo se trata del crecimiento del PIB, que muchos vemos como un indicador cuestionable del bienestar social, sino de la disminución de la brecha de bienestar. Porque la I+D puede beneficiar innumerables aspectos de nuestras vidas: salud, educación, igualdad de oportunidades, comunicaciones, transporte, sostenibilidad, medio ambiente, etc. Y disminuir esta brecha no solo debe ser un imperativo moral para la ciencia sino también es el caso que la desigualdad limita el beneficio que el progreso científico puede aportar a la economía.

Otro de nuestros argumentos es que en estos últimos años ha habido una pérdida significativa de personal científico debido a la reducción del empleo público y a la falta de oportunidades en el sector privado, y que esto ha afectado especialmente a las generaciones de menos de 45 años. Insistimos que la formación de personal científico requiere de recursos y de tiempo y su pérdida no solo supone una pérdida de inversión pública sino que también lastra nuestro futuro porque contribuye a la creación de un déficit en tecnología, innovación y descubrimiento. Pero tenemos que explicar a los ciudadanos por qué esto es así, que no se trata solo de preservar el empleo dentro de nuestra pequeña burbuja, sino también de adaptar nuestros programas de formación para facilitar la inserción de este personal en el sector privado. Porque estos investigadores han desarrollado la capacidad de buscar información, de analizarla mediante el pensamiento crítico basado en la evidencia, de elaborar informes y de comunicarse con la comunidad internacional, y esto supone un tremendo potencial que puede contribuir de forma crítica al despegue del sector privado de la innovación. Y también es de especial interés para la ciudadanía que existen actividades económicas que requieren cada vez más trabajadores con un grado intermedio de preparación científica y técnica y esto es un tema sobre el que debería existir un amplio debate, centrado en adaptar los programas de formación para facilitar el despegue de estos nuevos sectores y la creación de empleo cualificado.

Desde hace muchos años me preocupa el debilitamiento de las instituciones científicas de nuestro país; la ausencia de voluntad para modernizarlas y para hacerlas más permeables; la sangría en recursos humanos; y que la política científica se haga de espaldas a la comunidad científica y a los ciudadano

Otra área de interés es la ciencia abierta, ya que es necesario debatir cómo implementar cambios a nivel nacional en la infraestructura de investigación, en los métodos de comunicación científica, en las metodologías de gestión y evaluación de la ciencia y en los programas de capacitación, para que el sistema de investigación en nuestro país pueda adaptarse a las nuevas realidades globales de la ciencia abierta, el acceso abierto, los datos abiertos y la investigación abierta. Este debate es necesario para que podamos exigir el compromiso político y los recursos públicos y privados necesarios para alcanzar estos objetivos. Pero nuevamente también es el debate el que debe abrirse, para que los ciudadanos entiendan qué es la ciencia abierta, por qué es crítica, en qué le beneficia y cómo puede participar en ella, fomentando la creación de proyectos de ciencia ciudadana.

La I+D puede beneficiar innumerables aspectos de nuestras vidas: salud, educación, igualdad de oportunidades, comunicaciones, transporte, sostenibilidad, medio ambiente

La idea de un pacto cívico por la ciencia, por el conocimiento, ha surgido de un grupo diverso de investigadores en ciencias y humanidades, periodistas científicos, comunicadores, educadores, innovadores, expertos en políticas científica y activistas de base. Juntos hemos constituido la Asociación Española para el Avance de la Ciencia (AEAC) que se presentará oficialmente el 28 de mayo en la Universidad de Salamanca. No se trata de una asociación científica, sino de una asociación ciudadana. Su objetivo principal es trabajar en que exista un proceso de inmersión bidireccional de la ciencia y la sociedad. Pero para ello es necesario un cambio cultural y lograrlo requiere de un diálogo transversal en el que esté involucrada la comunidad científica y muchos otros actores de la sociedad, ciudadanos y profesionales, con interés y experiencia en los campos de la educación, la comunicación, la salud, las nuevas tecnologías, la industria, la protección del medio ambiente, la sostenibilidad etc., y por supuesto los responsables en la toma de decisiones.

De acuerdo con el Artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos toda persona tiene derecho a participar en el progreso científico y los beneficios que de él resulten. El pacto cívico por la ciencia que proponemos tiene este mandato en el corazón y sería extraordinario poder defenderlo a tu lado.

Amaya Moro-Martín es astrofísica en Baltimore (EE UU) y tesorera de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia.

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