Reinserción con barreras levantadas

El jueves día 10 Rajoy se reunió con representantes de 25 colectivos de víctimas de ETA para sondear sus opiniones sobre la disolución de la banda. El presidente está presionado por esos colectivos, que a veces parecen actuar como si fuera suya la responsabilidad de diseñar la política penitenciaria (lo que siempre han negado). Pero también está bajo presión del PNV y del Gobierno vasco, que le instan a explorar posibles iniciativas a favor del fin de la dispersión dado que los motivos por los que se planteó han dejado de tener sentido tras la disolución de ETA.

En la reunión del Pacto Antiterrorista, el mismo día 10, con participación de once partidos entre los que no estaba el PNV, fracasó el intento de firmar una declaración conjunta que certificara que ETA no se ha disuelto voluntariamente, sino que ha sido disuelta tras su derrota policial y judicial.

Hay 242 presos de ETA en cárceles españolas y 51 más en cárceles francesas. Decir que es un problema de ETA y no de los ciudadanos es poco realista, especialmente si se pone en relación con el desafío independentista catalán, que se juega en buena medida en el marco de la opinión pública internacional.

En mayo de 2012, el ministro del Interior presentó un plan de reinserción que suscitó el rechazo de las asociaciones de víctimas y del colectivo de presos para el que “cualquier planteamiento basado en el arrepentimiento nace muerto”. En los siete años transcurridos desde el abandono de las armas hasta su disolución ha habido varias iniciativas destinadas a convertir en irreversible ese desenlace. Es decir, de convertir en improbable cualquier intento de disidencia por parte de los presos. Una política antiterrorista prudente no podía ignorar esos riesgos ni despreciar la necesidad de mantener vías de acceso a la reinserción. Pero una reforma del Código Penal (CP) de 2003 dificulta aplicar esas políticas.

Tras esa reforma, el artículo 90 del CP especifica las condiciones especiales exigibles a los presos condenados por terrorismo para poder acceder a la libertad condicional. La más polémica es la referente a la colaboración con las autoridades orientada a impedir otros delitos, y también a la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos anteriores. Pero no es lo mismo colaborar para evitar un atentado que hacerlo para esclarecer uno de hace décadas. Gerry Adams, líder del Sinn Fein, hizo en marzo de 2009 un llamamiento público a colaborar con la policía del Ulster, desplegada tras los acuerdos de Viernes Santo, para frenar una ofensiva de sectores disidentes que habían asesinado a tres personas en pocos días.

No es lo mismo autoinculparse que acusar a otros. Adriana Faranda, dirigente de las Brigadas Rojas que participó en 1978 en el secuestro de Aldo Moro, estaba en contra del asesinato del dirigente demócrata-cristiano, pero quedó en minoría y abandonó la organización. Un año después fue detenida y condenada a cadena perpetua. En la cárcel encabezó un grupo que renunciaba a la violencia y se autoinculpaba, pero sin denunciar a sus excamaradas. Aquí, si la cláusula de colaboración hubiera estado vigente en 1986, Yoyes, asesinada por desligarse de ETA y acogerse a la reinserción, no habría podido hacerlo.