Injerencia inadmisible

Dentro de una sentencia polémica que ha enardecido a buena parte de la opinión pública al considerar el ataque de La Manada abuso sexual, y no violación, el voto particular del juez Ricardo González está desembocando en un despropósito mayúsculo por parte del Gobierno. Este juez solicitó la absolución de los cinco acusados al considerar que lo que se vivió en la madrugada del 7 de julio de 2016 en un portal de Pamplona fueron “actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo”.

Es de celebrar que se extienda la tolerancia cero de la sociedad ante agresiones como la que sufrió la víctima a manos de cinco hombres en aquel San Fermín, y también que la sentencia abra el debate sobre la tipificación de los delitos contra la libertad sexual y la definición de los grados y carácter de la violencia e intimidación ejercidos. Pero la forma en que el Gobierno se ha aferrado a este caso para intentar exhibir iniciativa, levantar la bandera del endurecimiento inmediato del Código Penal y descalificar al juez discrepante es populista, oportunista e indigna de una democracia en la que la separación de poderes es parte fundamental. Las asociaciones de jueces y fiscales tienen toda la razón al criticar al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que ayer declaró: “Todos saben que este juez tiene algún problema singular, me sorprende que el Consejo no actúe”. Si el ministro tenía conocimiento de alguna circunstancia que debiera haber provocado su inhabilitación, tendría que haberla comunicado a la autoridad correspondiente y no insinuarla ante los medios. Catalá ha caído en la frivolidad, en la irresponsabilidad y en la burla a la separación de poderes, intentando apuntarse un tanto en lugar de cumplir con el escrupuloso respeto a los jueces. El Gobierno es responsable de gobernar para que las leyes que los jueces aplican respondan al sentido de la justicia que le hemos de exigir. Lo demás, sobra.