La universidad pública necesaria

En las últimas semanas hemos visto cómo nuestra universidad pública ha protagonizado el debate político y social en España por razones muy distintas de las que nos gustaría a los consejos sociales de las universidades españolas. Desde hace años venimos diciendo que es urgente e inaplazable la reforma estructural del actual modelo de gobierno de la universidad pública y mejorar su financiación para así hacer posible su excelencia a nivel internacional. Un reciente estudio conjunto de la Cámara de España, la Fundación CYD y la Conferencia de Consejos Sociales (CCS) analiza las reformas acometidas en los últimos años en el ámbito universitario en distintos países europeos —Francia, Países Bajos, Portugal, Finlandia, Dinamarca y Austria— y pone de relieve que nos hemos quedado solos con un sistema de autogobierno universitario que pervive desde la LRU de 1983 y que es claramente inadecuado para acometer los retos actuales y de futuro a los que se tiene que enfrentar la universidad hoy en día, tal y como han concluido todos los estudios que lo han analizado a lo largo de estos últimos años.

Obvio es decir que nada tiene que ver la realidad actual de España y la del mundo global que nos ha tocado vivir con la que existía a finales del siglo pasado. Europa lleva ya años apostando por universidades excelentes y eso requiere inexcusablemente sistemas de gobierno donde la sociedad participa a través de personas externas —con absoluto respeto de la autonomía universitaria (que no se confunde con la autogestión)— en la gobernanza y la rendición de cuentas de Universidades que se financian con los impuestos de todos los ciudadanos. En nuestro sistema este papel está, solo en parte, atribuido a los Consejos Sociales, porque tal y como refleja el Tribunal de Cuentas, las competencias teóricas en la supervisión y control económico-presupuestario no se corresponden con las capacidades reales como órganos de gobierno universitario en representación de la sociedad.

Los modelos europeos trazan otros caminos no menos relevantes: suficiencia financiera, añadiendo a la financiación estructural una financiación competitiva por criterios de calidad y rendimiento; mayor profesionalización institucional de la gestión, empezando por un rector que puede provenir de cualquier universidad, siempre que su perfil sea el adecuado, y ser elegido por concurso de méritos; flexibilización de las estructuras de gestión y contratación, lo que permite mayor diversificación e incremento de las fuentes de ingresos; flexibilidad de contratación de personal (y por tanto mejora de la gestión del inmenso talento que atesoran las universidades y reducción de la endogamia); cambio en el estatus del personal académico, pasan do progresivamente de funcionario público a laboral; mayor rendición de cuentas…

Los centros públicos son de toda la sociedad, que les confía un servicio que paga con sus impuestos

Necesitamos universidades excelentes en la formación del talento de nuestros estudiantes porque este, y no otro, es el auténtico motor de nuestro desarrollo económico y bienestar social. Pero la sociedad española no termina de asumir que España será en el futuro el resultado de lo que hoy sea capaz de invertir en la excelencia de la educación y de sus universidades. Tal es el reto que debemos cubrir y tanta la distancia que recorrer, que la nueva ejecutiva de la CCS, elegida en noviembre pasado, creyó conveniente asumir como primer objetivo el de “sensibilizar a la sociedad española, y en especial a sus representantes políticos, sobre la trascendencia de la educación en general y de las universidades en particular”.

Suscitar el debate público sobre la importancia de la educación y la necesaria reforma de la universidad no es fácil en un país donde la iniciativa política no prioriza estas cuestiones —autentica tragedia histórica de España—, y donde la propia universidad pública viene generando continuas resistencias al cambio.

Para colmo de males, ahora resulta que temas concretos de gestión universitaria, por avatares y conexiones con esa clase política que no es capaz de asumir con la grandeza de miras necesaria el compromiso de la educación para el futuro de España, ha provocado un debate público que pone en entredicho la credibilidad de nuestra universidad.

Debemos evitar que la política contamine la vida de la universidad y depurar irregularidades

La universidad pública en España es más víctima que culpable de su actual situación. No se trata de una frase hecha. La institución no es de sus académicos, ni de su personal de administración y servicios, ni de sus alumnos, es de toda la sociedad que le confía y paga con sus impuestos el servicio público de educación superior. Obviamente, no se está planteando una cuestión de propiedad sino de responsabilidad. Es la sociedad, a través de sus representantes políticos, la que tiene la obligación de dotar a la academia de medios y recursos adecuados —no solo económicos sino también de sistemas de gestión adaptados a los tiempos que vivimos— para el ejercicio de su suprema función. Precisamente porque esta responsabilidad no se ha ejercido, nuestras universidades no están en las posiciones de excelencia internacional que deberían tener, pero es evidente que sí son más que meritorias porque, a pesar de esa carencia de medios, han sido capaces de democratizar el acceso a la educación superior haciendo efectivo el principio de igualdad de oportunidades y de convertirse en el gran instrumento que hoy son de igualación y ascenso social por la vía del trabajo, del esfuerzo y del mérito.

Los consejos sociales no tenemos condicionantes políticos, corporativistas ni ideológicos y nos preocupa que el obligado debate positivo sobre la necesidad de construir la universidad española excelente del siglo XXI, se vea sustituido por un cuestionamiento de la academia por causa de las implicaciones políticas de temas de gestión concretos. Debemos evitar que la política contamine la vida de la universidad. Irregularidades concretas, que pueden ocurrir en cualquier organización, no justifican un ataque global a toda la universidad. Es importante que, cuanto antes, se esclarezca cualquier irregularidad que se haya podido cometer y que quien la haya cometido asuma su responsabilidad, para que el centro del debate sobre la universidad se fije sobre la modernización del sistema y los retos pendientes, dejando atrás cualquier atisbo de malas praxis. Para ello es importante la unidad de todas las instituciones y estamentos involucrados en el mundo académico y la CCS siempre trabajará al servicio de esa unión.

Antonio Abril Abadín es presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades españolas, que representan a la sociedad en la univer