El “diálogo” de Rafael Ribó

Aun cuando la crónica legislativa y judicial parece mostrar lo contrario, conviene destacar que en el proceso independentista catalán la judicialización resulta forzada por el hecho de que la propia naturaleza de ese proceso consiste en una construcción normativa, dirigida desde el primer momento a la subversión del orden constitucional vigente.

Tal propósito se vio favorecido por un grado excepcional de conocimiento de ese orden que se intentaba destruir en quienes pertenecieron a los más altos niveles de la pirámide judicial del Estado, incluido el Tribunal Constitucional, y por la coexistencia en la actuación independentista, de un aprovechamiento al máximo de sus competencias asignadas por la ley, hasta forzar sin el menor reparo los usos democráticos —sesiones del Parlament del 6 y 7 de septiembre— y, de modo paralelo, por la adopción de decisiones radicalmente incompatibles con la Constitución y el Estatut vigentes, como es la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre.

Al tropezar la acumulación de fraudes de ley con el muro del artículo 155 de la Constitución, muy desagradable pero necesario ante el riesgo inminente de demolición del Estado de derecho y de anulación de la voluntad de la mayoría de catalanes no independentistas, entra en juego el encubrimiento mendaz —habría sido un inocente ejercicio de libertad de expresión— y la protesta consiguiente por la aplicación de la ley penal a los responsables de las decisiones anticonstitucionales. Solo la impunidad sería democrática.

Finalmente, según estaba previsto, de oponerse “Madrid” a la independencia, emerge la intervención de minorías violentas, con el objeto de impedir una vida normal. El estado de excepción será real en Catalunya: lo impone la CUP.

La movilización de juristas por la independencia resulta lógica. Lo es menos que cargos institucionales tomen la ofensiva, en apoyo abierto de la estrategia independentista, ignorando todas y cada una de sus infracciones, no ya a la norma sino a las reglas democráticas.

Por eso el Sindic de Greuges [equivalente autonómico del Defensor del Pueblo español] no se detiene en las jornadas del 6 y 7 de septiembre, mientras consideraba el caso de los titiriteros “emblema” del “retroceso en materia de derechos civiles” en “el Reino de España”. Actitud sorprendente en un político de ejecutoria antaño equilibrada al frente del PSUC que hoy desemboca en su participación al lado de Puigdemont en una conferencia-mitin en Suiza contra la política seguida por el Gobierno en Cataluña.

Muestra una concepción del derecho opuesta al principio de universalidad, que criticó Kelsen mirando a su antecedente ideológico. Los derechos de los constitucionalistas catalanes no cuentan en el informe de Ribó al Parlament y sí lo hace “la falta de calidad democrática del Estado”. ¿Objetivo? El Convenio Europeo de Derechos Humanos, para anular ese “patriotismo constitucional” nunca de su agrado.