En el Parlamento

En los últimos meses, diversos colectivos se han lanzado a la calle para hacer valer sus reivindicaciones. Como ocurriera en el pasado con las marchas a favor de la educación o sanidad públicas, anteriormente con las movilizaciones en torno al 15-M, o más recientemente con las manifestaciones convocadas por asociaciones feministas o colectivos de pensionistas, las demandas de estos grupos cubren un amplio espectro ideológico y apelan a valores e intereses que trascienden la estricta lógica partidista.

Nada hay que objetar al ejercicio del derecho de reunión y manifestación, amparado en el artículo 21 de la Constitución. Al contrario, la vida democrática requiere, además de partidos y sindicatos, asociaciones y organizaciones capaces de articular y dar voz a los intereses de la ciudadanía.

No se puede, sin embargo, ignorar el contexto de completo bloqueo legislativo en el que vive España en estos momentos. La debilidad del Gobierno, pareja a la de la oposición, ha convertido el Parlamento en un teatro en el que en lugar de hacerse política, alcanzarse pactos y buscar compromisos que impulsen el país y atiendan las necesidades de los ciudadanos, se escenifica día tras día la incapacidad de unos y otros para ir más allá de las batallas retóricas campales.

El resultado son decenas los proyectos legislativos y proposiciones de ley atascados. Por no hablar de las comisiones parlamentarias que en teoría deberían cimentar grandes acuerdos —constitucionales, educativos o sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones— que están mostrando su más absoluta inoperancia para desesperación de la ciudadanía, que percibe la falta de liderazgo, ejemplaridad y un proyecto modernizador del país en nuestra clase política.

Mientras el Parlamento languidece, o peor, imita a la calle, cae sobre la calle la tentación de imitar al Parlamento y así usar las avenidas y plazas de nuestras ciudades para interpelar al Gobierno y al Parlamento para que actúe o legisle en favor de las demandas que allí se expresan. Las fuerzas parlamentarias, conscientes del bloqueo y del desprestigio que sufren, tienen ante sí la tentación de alentar o recoger estas demandas para impulsarse políticamente y legislar en caliente desde y con el aliento de la calle. Así lo hemos constatado recientemente en los intentos de Podemos de apropiarse de las demandas de pensionistas o mujeres, y en los del Partido Popular y Ciudadanos de instrumentalizar las emociones de la ciudadanía en torno a a prisión permanente revisable.

Toca recordar que en democracia la medición del peso relativo de cada demanda solo puede derivarse de los apoyos obtenidos en las urnas por los legítimos representantes de la ciudadanía y su correspondiente atención o satisfacción solo puede articularse mediante el juego normal de mayorías y minorías en sede parlamentaria. Y que nada bueno nos espera si en lugar de desbloquear el país, los partidos políticos se valen de la calle para recargar aún más las instituciones de demandas y convierten lo que queda de legislatura en un choque de fuerzas cruzadas entre calle y Parlamento en lugar de un espacio para el diálogo y el pacto. La calle no puede ser el árbitro de una política bloqueada.