Palabras mayores

El Congreso, decía un político estadounidense, es una cámara diseñada para moverse con cierta lentitud, precisamente para evitar que un pánico repentino le lleve en una sola semana a encontrar una solución que después se convierta en un desastre de 20 años. Los trámites y procedimientos, los periodos de enmienda, permiten ir afinando los proyectos de ley del Gobierno y las proposiciones de ley de la oposición. Es una idea muy razonable, pero hasta aquel prudente parlamentario se quedaría pasmado con lo que sucede en el Congreso de los Diputados.

El Gobierno ha vetado 55 proposiciones de ley, 43 de ellas presentadas por grupos parlamentarios 

Bajo la presidencia de Ana Pastor y con mayoría relativa conjunta del Partido Popular y Ciudadanos, el Congreso no es que se mueva con lentitud, es que parece una escultura de hielo finlandesa. Evidentemente, eso no se consigue con facilidad, sino que exige toda una estrategia finamente elaborada. Una estrategia paralizadora que está convirtiendo esta legislatura, la XII, en un caso insólito. Desde que comenzó, el 19 de julio de 2016, la Cámara, según datos de su propio portal informativo, ha aprobado modificaciones menores en tres leyes orgánicas, 13 leyes, varias de ellas obligadas trasposiciones de directivas europeas, y 21 decretos leyes, de los que 7 tienen también su origen en la Unión Europea. Una cosecha legislativa obviamente raquítica.

En el mismo periodo de tiempo, los distintos grupos de la oposición han presentado 233 iniciativas parlamentarias de las que 87 han sido declaradas no admisibles, han decaído o se han retirado. De las 146 restantes, 37 están a la espera de que el Gobierno conteste algo; 60 están en proceso de “toma de consideración”, lo que significa que todavía no ha pasado por el pleno y recibido luz verde y 44 han pasado ya a una comisión donde están en periodo de enmienda, periodos que se prorrogan y prorrogan. La reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, ha sufrido 52 ampliaciones del plazo de enmiendas. En total, el Gobierno ha vetado, por considerar que afectaban al conjunto de los Presupuestos, 55 proposiciones de ley, 43 de ellas presentadas por grupos parlamentarios y 12 por Comunidades autónomas. Y todos los vetos han sido avalados por la Mesa del Congreso, con mayoría efectiva PP y Cs.

En estos 20 meses, el Congreso ha reprobado al ministro de Justicia, Rafael Catalá, al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, al fiscal general del Estado y al Fiscal Anticorrupción, lo que no ha provocado la menor reacción por parte de los interesados, ni del PP, ni del Gobierno. La Mesa del Congreso ha rechazado 214 comparecencias de miembros del Gobierno o cargos públicos y ha considerado “inadmisibles” otras 87 solicitudes parecidas.

La presidenta del Congreso de los Diputados tiene encomendadas unas funciones muy claras en el reglamento de la cámara y su cargo está configurado como una institución imparcial más allá de la confrontación partidista. Cierto que ha habido otros presidentes del Congreso que han “barrido para casa” en algunos momentos y que han sacado de algún apuro puntual al presidente del Gobierno o a su partido, pero no existen precedentes de un titular de la Cámara que consienta el bloqueo de la institución. El prestigio de la señora Pastor, que tiene una amplia experiencia política y que ha demostrado en muchas ocasiones a lo largo de su carrera ser prudente y poco dada al enfrentamiento personal, está en entredicho si no pone remedio al entorpecimiento de los trabajos parlamentarios. No es posible que los plazos de presentación de enmiendas se prorroguen hasta 50 veces, porque entonces un instrumento previsto para mejorar el articulado de una ley se convierte en una maniobra dilatoria, puro obstruccionismo parlamentario. Y eso son palabras mayores.