Sombras y (algunas) luces

Cuando acabamos de presentar el último Índice de Percepción de la Corrupción que anualmente elabora Transparencia Internacional (TI) creemos que es tiempo de analizar algunos de los datos existentes. Ya no es solo que el CIS nos muestre en los barómetros la consolidación de la corrupción como uno de los tres problemas más importantes del país, o que España, de acuerdo a la ciudadanía consultada en los Eurobarómetros, sea el país de Europa en el que más se haya incrementado la percepción de corrupción desde 2008, ahora hay que añadir que, además, los expertos y directivos empresariales valoran a España de forma cada vez más negativa, desde 2012, en el índice citado. Nunca nos habían valorado tan bajo, como en este año pasado de 2017.

Algunos datos nos permitirán entender la dimensión del fenómeno. De los 28 países de la Unión Europea, casi todos los del este (excepto Hungría) y del sur (excepto Chipre) han mejorado puntuación en los últimos años. Desde 2012 somos con Hungría y Chipre el trío de países que más bajan en las encuestas. El caso húngaro es claramente el de un país que está lanzado a la demolición de elementos esenciales de la democracia, por lo que la denuncia y la lucha contra la corrupción se hace muy difícil. Chipre, que, a pesar de todo, ha mejorado su percepción en 2017 con respecto a 2016, es un país al que los expertos en blanqueo de capitales sitúan en el epicentro del blanqueo procedente de las mafias rusas. En el año 2000 España superaba en 27 puntos a la República Checa y en 29 puntos a Polonia, por ejemplo. Incluso superaba en 3 puntos a Francia y en 6 a Portugal. Hoy Francia nos aventaja en 13 puntos, Portugal en 6, Polonia en 3 y estamos empatados con la República Checa. Al final, de estar en el puesto 13 de la Unión Europea, de menos a más corruptos, pasamos a estar el 20, con sólo 8 países por detrás.

Es obvio que la lucha contra la corrupción puede ir avanzando sin que la percepción mejore, pues los efectos de las reformas son más tardíos que los escándalos que generará el descubrimiento de casos antes ocultos. Pero en España llevamos ya demasiado tiempo esperando los resultados de toda la batería de medidas que el Gobierno actual lanzó. Esto quiere decir algo. Y lo que dice es que las medidas eran insuficientes y que la implementación de las adoptadas es demasiado lenta y, a menudo, inexistente. El Gobierno no se toma la lucha contra la corrupción suficientemente en serio, ni tampoco los partidos políticos y los grupos parlamentarios. La permanente sombra de sospecha sobre la clase política atraviesa los resultados de todas las encuestas y los estudios de los expertos en la materia. El producto final es que la imagen de España sufre y que las inversiones más interesantes para el país pueden irse a otro Estado de Europa con mejor imagen de honestidad.

Las medidas del Gobierno son insuficientes y su implementación es lenta y, a menudo, inexistente

La visión pesimista se completa si se analizan los resultados de las políticas públicas españolas en términos de igualdad. España es cada vez más desigual y parece tomar el camino de países que crecen repetidamente sin redistribuir, consolidando sociedades duales y presas de la desconfianza en las instituciones y en la propia capacidad de acción colectiva de la comunidad.

No obstante, por el momento, es importante resaltar algunas variables que permiten un cierto optimismo. La ciudadanía española es cada vez más consciente de los efectos demoledores de la corrupción y su rechazo a la misma es de los más altos de Europa. Ha habido un avance cognitivo importante en relación al fenómeno y ya casi nadie acepta la corrupción como un coste marginal necesario para el crecimiento. Por otra parte, el avance de la desconfianza en las instituciones representativas no ha ido acompañada de una mayor apatía política. España se ha repolitizado en gran medida y ello puede consolidar las bases de la acción colectiva para el cambio. También es necesario destacar que España sigue siendo uno de los países de Europa donde menos sobornos se pagan a los funcionarios. Un país donde la Administración pública es poco corrupta y la ciudadanía rechaza cualquier soborno para obtener privilegios en el acceso a los servicios públicos. La resiliencia de la sociedad española frente a estos datos de percepción de la corrupción es la mejor noticia que podemos dar hoy sobre esta lacra social.

Jesús Lizcano y Manuel Villoria son miembros del comité de dirección de Transparencia Internacional España.