Pacto educativo

Tras un año y medio de debate, la subcomisión del Congreso de los Diputados que discute el Pacto Educativo ha comenzado a trabajar para concretar los 15 puntos considerados estratégicos para mejorar la calidad de la enseñanza y dotarla de un marco jurídico estable y duradero. El esfuerzo merece la pena y todos los partidos deben poner de su parte el máximo empeño. Para ello deben dejar de lado cálculos electorales y apriorismos ideológicos. Es preciso poner fin a una dinámica en la que se han sucedido las leyes educativas, todas ellas fugaces. La última, la LOMCE, ni siquiera se ha llegado a aplicar completamente. Ni la comunidad educativa ni el país pueden permitirse tanta inestabilidad e incertidumbre.

Es una buena señal que en la primera reunión se haya salvado el escollo de la metodología. Cada parte del acuerdo requerirá una mayoría de tres quintos y el apoyo de al menos tres partidos, lo que impedirá que uno de ellos tenga capacidad de veto. Ahora queda lo más arduo: negociar aspectos centrales como la financiación, el papel de la escuela concertada, el tratamiento de la religión, la formación del profesorado o los métodos de evaluación.

En el caso de la financiación es importante pactar una inversión anual que nos sitúe lo más pronto posible en la media europea. El PP no ha hecho una propuesta concreta, pero el resto de partidos está de acuerdo en que debe recuperarse el nivel de gasto previo a la crisis. El máximo se alcanzó en 2009, con 53.375 millones de euros, lo que representaba el 5% del PIB. No es eso lo que está previsto. El informe que el Gobierno ha enviado a Bruselas prevé una inversión del 3,8% del PIB en 2018, del 3,7% en 2019 y del 3,6% en 2020. Es decir, un presupuesto menguante, cuando la media europea es del 4,9%. Sin suficiencia financiera difícilmente podrán alcanzarse los objetivos de calidad.

También hay que garantizar una distribución equitativa de los recursos. La propuesta de crear un fondo para paliar las diferencias territoriales debe ser tenida muy en cuenta. Sea esa u otra la fórmula, es preciso acabar con las actuales desigualdades. En estos momentos el País Vasco, con una inversión de 8.976 euros por alumno y año, gasta el doble que Andalucía, que invierte 4.443 euros. La cuantía de los recursos no es ajena seguramente a que en Andalucía haya el triple de abandono escolar que en el País Vasco.

La formación de los docentes es otro de los puntos centrales. La propuesta de instaurar una especie de MIR adaptado a la especificidad educativa es un buen punto de partida para el debate pues hay consenso en que es preciso revisar el sistema de formación del profesorado de manera que la nota de acceso sea más alta y se puedan garantizar una preparación práctica de calidad. Esta formación debería hacerse en centros de excelencia especialmente acreditados, como ocurre en Medicina y con parecidos sistemas de evaluación.

En todo caso, el debate sobre el modelo educativo debe partir de la premisa de que excelencia y equidad no son términos antagónicos. Es posible encontrar una fórmula que garantice a la vez una enseñanza de calidad integradora e inclusiva.