¿Quién manda aquí?

Los responsables de convertir la actual parálisis de la Generalitat en normalidad son los dirigentes catalanes. Los secesionistas deben aterrizar de una vez por todas en el principio de realidad, formar un Gobierno viable y resetear su pasada estrategia rupturista hacia los cauces estatutarios. Lamentablemente, como constatamos todos los días, no lo están haciendo.

El Gobierno y el resto de fuerzas políticas que apoyan la Constitución y el autogobierno no deban quedarse cruzados de brazos como meros espectadores de los disparates del independentismo a la espera del retorno azaroso del sentido común. Pero eso es lo que vienen haciendo desde la decepción sufrida en las elecciones del 21 de diciembre: esperar y ver.

La factura económica de la crisis catalana sigue ahí, con los consiguientes riesgos para el crecimiento y el empleo. La política e institucional, que daña la imagen y el prestigio de nuestro país, también persiste. Es imprescindible una estrategia dinámica, no indolente, para reenfocar las cosas.

El primer paso que debe dar el Gobierno es volver a reunir a las fuerzas políticas que respaldaron el artículo 155. Y a partir de ahí, desde la unidad y una estrategia común, responder con firmeza a las cartas y peticiones de entrevistas, como la enviada a Mariano Rajoy por el nuevo presidente del Parlament, Roger Torrent, el 22 de enero, hace 15 días.

El presidente del Gobierno, por serlo también de todos los catalanes, debe hablar claramente, de forma solemne y a la vez cercana a la ciudadanía, mejor si lo hace desde la propia Cataluña. Debe aclarar que el dilema que se está dirimiendo no es entre autonomía e independencia, sino entre recuperar el autogobierno en toda su plenitud y lograr que Cataluña vuelva a brillar por su dinamismo o consolidar un largo periodo de su suspensión bajo el artículo 155 y aceptar así un retroceso histórico.

Hasta ahora, el uso discreto del 155 para nada ha impedido la correcta actuación de la Administración catalana y la prestación de los servicios públicos que le son propios, evitándose un perjuicio muy directo a los ciudadanos catalanes, de un modo similar a lo que suelen cumplimentar los Gobiernos en funciones.

Pero es evidente que prolongar demasiado esa intervención (algo que están forzando quienes paralizan las instituciones catalanas) no es aceptable. Ni para el buen despliegue del Estado autonómico: obstaculiza, por ejemplo, la reforma de la financiación de las comunidades autónomas. Ni para esos mismos ciudadanos, que tienen derecho a un Parlamento que legisle en su beneficio y a un Gobierno que les sirva de forma efectiva.

Si los independentistas no pueden o no quieren asumir esa tarea, el Gobierno, junto con los partidos constitucionalistas, deberán abrir un diálogo conducente a favorecer la normalización plena de Cataluña y de sus instituciones. Porque si gobernar desde Bruselas es imposible, hacerlo desde Madrid no será eficiente para resolver los problemas diarios de los catalanes, que no se merecen ni la parálisis a la que les someten los independentistas ni la pasividad de los constitucionalistas.