Contra la opacidad de Airbnb

Cualquier actividad que afecte a miles de personas tiene que ser gestionada desde los poderes públicos, especialmente si, como ha ocurrido con el alquiler de habitaciones a turistas por parte de particulares a través de plataformas como Airbnb, experimentan crecimientos exponenciales. Para ello es fundamental disponer de información precisa sobre esa actividad. La base del negocio consiste en que solo las plataformas conocen la identidad y los datos de las personas que ofrecen el servicio, para evitar que el cliente pueda entrar en contacto con el proveedor. Esta situación facilita un cúmulo de irregularidades como la inclusión de pisos que carecen de licencia o el realquiler turístico sin conocimiento del propietario, además de facilitar el fraude fiscal y la economía sumergida. La opacidad impide además que los gobiernos locales puedan encauzar la oferta turística a dimensiones sostenibles.

Estas son las razones por las que seis ciudades europeas de fuerte impacto turístico —Madrid, Barcelona, Bruselas, París, Cracovia, Viena y Reikiavik— han pedido a la UE que obligue a las plataformas a ofrecer la información necesaria para que se pueda controlar su actividad y hacer cumplir la ley, como en cualquier otro negocio.

Hasta ahora, cada ciudad ha tomado sus propias medidas, pero siempre chocan con la barrera de la opacidad. Su preocupación está más que justificada. La presión de visitantes hace que muchas viviendas se destinen a alquiler turístico, lo que empuja los precios al alza y acaba provocando la expulsión de residentes que no pueden pagarlos. Lo ocurrido en Reikiavik es un ejemplo de la dimensión del fenómeno. En 2008 la capital islandesa, de 122.000 habitantes, recibía 450.000 visitantes. Ahora recibe 2,5 millones anuales. Venecia ha perdido la mitad de su población en apenas tres décadas. La misma amenaza se cierne sobre Madrid, Barcelona y otras ciudades europeas. Hay que actuar antes de que sea demasiado tarde.