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Cuando pensamos en los Derechos Humanos y en las instituciones que los promueven, lo primero que nos viene a la cabeza son las Naciones Unidas. Parece que se trata de un tema que está explícitamente reservado a los Estados. Pero la realidad es que hoy en día la evolución y la defensa de estos derechos, tanto los tradicionales como los incipientes, depende en buena medida del compromiso de las ciudades.

Hemos hablado en múltiples ocasiones de cómo la nueva realidad urbana está cambiando los equilibrios políticos, económicos y sociales. Cada vez más temas y más diversos van a depender de lo que suceda en las grandes ciudades. Desde el cambio de modelo económico, lo que llamamos transformación digital, hasta la lucha contra el cambio climático. Los grandes retos globales se afrontarán desde el ámbito local. Es por ello por lo que hoy podemos decir que, si perdemos la batalla por los derechos humanos en las ciudades, la perdemos en el mundo.

Un ejemplo muy claro ha sido la crisis de los refugiados. En ella se ha visto como un problema que afecta especialmente a las ciudades se gestiona desde los Estados, sin tener en cuenta sus necesidades. Lo reconoció el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, que admitió que las ciudades son el actor fundamental para afrontar esta crisis y que Acnur debía encontrar los instrumentos necesarios para colaborar directamente con ellas. No se trata solamente de dar apoyo a las instituciones locales, sino también de aprovechar su mayor capacidad de reacción ante este tipo de escenarios.

Desde el punto de vista de las ciudades es necesario que entiendan que la acción conjunta es imprescindible para obtener mayor relevancia. Parece que en algunos campos esta idea de colaboración está empezando a ponerse en la agenda de las grandes capitales. De esta forma, pueden entenderse redes de ciudades, como C40, la red global para la mejora del medioambiente, o Resilient Cities, el acuerdo entre ciudades que pretenden luchar conjuntamente para adaptarse a las amenazas que enfrentan en el futuro. Otra iniciativa relevante es la de las Human Right Cities. Se trata de un grupo de más de 30 metrópolis alrededor del mundo, entre las que de momento no se encuentra ninguna española, que se han comprometido a respetar los Derechos Humanos en las políticas que lleven a cabo, en su gestión del municipio, y en su relación con la ciudadanía, las empresas o las entidades.

Si perdemos la batalla por los derechos humanos en las ciudades, la perdemos en el mundo

Pero más allá de su importancia o de su capacidad de reacción, las ciudades también se están convirtiendo en el espacio dónde podemos desarrollarnos como ciudadanos. Esto está íntimamente relacionado con la puesta en práctica de nuevos modelos de gobernanza que están experimentando muchos ayuntamientos. La innovación política se está descubriendo como un fenómeno mayoritariamente urbano, en dónde encontramos las mejores prácticas en disciplinas como la reutilización de datos públicos, las plataformas de participación ciudadana o la co-producción de políticas públicas. Se trata de nuevas formas de gobernar lo público.

Uno de los aspectos de esta ola de innovación política es la digitalización que, entre otros elementos, ha provocado la aparición de la ciudadanía inteligente. Ciudadanos que demandan un mayor protagonismo en la gestión de la ciudad, que no se conforman con el desarrollo tecnológico. El mismo proceso de digitalización también ha hecho que emerjan los conocidos como Derechos Humanos incipientes o de cuarta generación. Son aquellos que están relacionados con el derecho a existir digitalmente, a una reputación digital, a la privacidad o al derecho al olvido entre otros. Algunos de estos derechos están íntimamente relacionados con la construcción de una nueva soberanía digital. Este concepto, que se traduce a la práctica en medidas como el uso de tecnologías libres o a la definición de la propiedad de los datos, se está desarrollando especialmente en entornos urbanos.

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