650 menores excluidos

'650 MN' es el nombre de la carpeta del último expediente abierto en la Fundación Raíces, detrás de este número hay una persona, Mohamed. Un niño que un día dejó su hogar solo, emprendiendo un viaje duro y lleno de riesgos, y que al llegar a España ha visto como sus derechos son pisoteados.

Sin embargo, detrás de Mohamed hay muchos otros, como Maimouna, Abderraman, Mamadou, y en muchas partes de nuestro país como Melilla o Barcelona. Desde 2006 la Fundación Raíces ha defendido a 650 chicos y chicas cuyos derechos han sido vulnerados por la Administración. Sí, por quien debe protegerles.

Hace años a los niños y niñas se les expulsaba a las calles de Marruecos. Muchos recordamos con emoción la noticia del abogado Nacho de la Mata que había conseguido parar in extremis la repatriación sin garantías de un menor marroquí. Después vinieron otras muchas, hasta que el Gobierno decidió pararlas y se reformó la Ley de Extranjería para garantizar la asistencia letrada a estos chicos y chicas en el procedimiento de repatriaciones.

Actualmente se les expulsa también, pero a las calles de nuestras ciudades, despojados de todo derecho. La Fiscalía somete sistemáticamente a todos los menores extranjeros no acompañados a pruebas de edad, cuyos resultados están muy cuestionados por su inexactitud por la comunidad científica, sin dar validez a la documentación de sus países de origen, contraviniendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo; y en contra del criterio del Defensor del Pueblo y de otras instituciones, como el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

La indefensión es absoluta durante todo el procedimiento ya que además de que los menores de edad no tengan asistencia letrada, la Fiscalía les convierte en mayores con un Decreto que según ellos es irrecurrible.

Las consecuencias de esta política son devastadoras para estos niños y niñas, que entran en un limbo. España les considera mayores de edad únicamente para negarles la tutela del Estado, pero, al no ser invalidados los documentos, para el resto de administraciones son menores de edad. Esto les impide acceder a cualquier derecho, como adultos y como niños. No pueden estudiar o titularse, someterse a tratamientos médicos o solicitar asilo, ya que se les va a exigir la autorización de un tutor que no tienen; pero tampoco pueden acceder a los recursos para adultos porque su documentación dice que son menores, por lo que se les obliga a vivir en la más absoluta exclusión.

Ayer, tuvo lugar la sesión en la que España fue examinada en Naciones Unidas por el cumplimiento de los derechos de los niños en nuestro país. El tratamiento que da a estos niños es uno de los grandes motivos de preocupación del Comité de los Derechos del Niño, como puede verse en las últimas Observaciones realizadas a España, pero también en el hecho de que España se niegue a cumplir las medidas provisionales que el propio Comité le ha instado a tomar en las comunicaciones individuales que está examinando. Es revelador que el 80 % de las comunicaciones enviadas al Comité sean contra España.

Hoy, 23 de enero, es un día clave porque el Tribunal Supremo se reúne para la votación y fallo del recurso presentado por la Fundación Raíces al Protocolo que avala este proceder de la Fiscalía y del resto de administraciones. Protocolo, que fue firmado desoyendo las primeras sentencias (ya hay nueve) que dejaban clara la postura del Alto Tribunal en esta materia y que tanta injusticia y sufrimiento genera.

Confiamos en que los Derechos Humanos no sean de nuevo pisoteados por las políticas migratorias, máxime cuando estamos hablando de niños y niñas migrantes que están solos en nuestro país.