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La importancia de (no) dimitir

El compromiso con la regeneración democrática admite un esfuerzo mayor

La senadora del PP Pilar Barreiro junto al expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en 2014.

La fortaleza de un sistema político y su calidad democrática guardan una estrecha relación con el momento y la forma en la que se depuran responsabilidades en la vida pública. Nuestra clase política no parece, sin embargo, compartir esta tesis. Para corroborar esta apreciación, basta con repasar la manera en la que actúan los partidos políticos frente a una gestión política discutible de alguno de sus miembros. Tampoco puede pasar desapercibida la forma que tienen de abordar las denuncias por corrupción contra sus cargos públicos.

Para vergüenza de todos, muchos de los representantes políticos que en los últimos años han proclamado enfáticamente su inocencia, como argumento para seguir en sus puestos, son ahora protagonistas de causas judiciales muy consolidadas. No falta quien ya ha sido condenado o, incluso, está en prisión. Desde el planteamiento de un ciudadano interesado en controlar cómo se ejerce el poder en su nombre, resulta difícil de aceptar que la presunción de inocencia sirva para blindar en el cargo a quien es acusado de un comportamiento ilícito mientras los tribunales no conozcan del caso. El ejercicio de una responsabilidad pública y la defensa del interés general demandan dosis bastante más elevadas de virtud pública. En ningún caso, además, las trayectorias políticas personales deben ser objeto de especial preocupación colectiva.

Si no resulta fácil expulsar de la vida pública a quien presuntamente ha cometido un delito pero todavía no ha sido enjuiciado, imaginen lo difícil que resulta convencer a nuestra clase política de la importancia de dimitir por actuaciones inadecuadas, inoportunas o erróneas. En estos casos, la renuncia simplemente no se contempla al interpretarse como una debilidad, de la que sólo se beneficiaría el adversario político, y no como un ejercicio honroso de respeto hacia lo público. Desde estos planteamientos, aguantar en el cargo y confiar en que la atención mediática se desvíe hacia otros asuntos que vaya imponiendo la actualidad es la respuesta automatizada y admitida como válida.

La política nacional y autonómica ofrecen ejemplos suficientes para afirmar que el compromiso de los partidos con la regeneración democrática de nuestro sistema político admite un esfuerzo mayor. Para ello, convendría empezar por incrementar la exigencia de pericia y ética profesional entre quienes asumen responsabilidades políticas en cualquiera de las instituciones del Estado. En este sentido, me permito sugerir más rigor en los procesos de selección de cargos, más pudor profesional en la forma de ejercer el poder, más humildad para afrontar errores y más celeridad para abandonar la vida pública cuando éstos sean de cierta gravedad. Son pautas de comportamiento que no requieren cambios legislativos y que contribuirían a drenar algunos fallos que aquejan al sistema y deterioran su confianza. Nuestros políticos no siempre encuentran los incentivos necesarios para incorporar estos hábitos a su forma de proceder, salvo que lo perciban como una exigencia firme de sus votantes. Tengámoslo presente y no dimitamos de nuestra responsabilidad.

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