Dinero y lealtad institucional
No es la primera vez que el PP maneja la financiación autonómica como palanca de negociación
Quedarte con el dinero de otros no está bien. Y mucho menos utilizarlo para el chantaje. ¿Se puede criticar en estos términos la decisión de Montoro de congelar parte de la financiación que este año iban a recibir los Gobiernos autónomos? Aunque el Ministerio no se queda con los fondos, sino que retrasa su entrega, la decisión plantea la cuestión sobre si la financiación está siendo sometida a los intereses políticos del Gobierno central.
No es la primera vez que el PP maneja la financiación autonómica como palanca de negociación. El Gobierno de Aznar la utilizó para culminar el traspaso de la Sanidad a los Gobiernos autónomos, allá por el año 2001. Esta vez, el Gobierno de Rajoy parece querer manejarla para presionar al PSOE y conseguir que apoye los Presupuestos Generales.
Montoro no se salta la ley, pero opta por la interpretación más favorable a sus intereses. El dinero que el ministerio adelanta cada año a los Gobiernos autónomos antes de la liquidación definitiva del sistema se calcula según las previsiones de recaudación que figuran en los Presupuestos Generales. El Gobierno dice que la financiación se congela porque no hay presupuestos. Y los Gobiernos autónomos nada pueden hacer porque no tienen voz en este proceso.
La decisión parece aplicar la máxima de “cuanto peor, mejor”, al pretender ganar capacidad de negociación poniendo en un aprieto a los Gobiernos autónomos. Estos habían planeado sus recursos basándose en las estimaciones de recaudación que el propio Ministerio de Hacienda anunció el pasado verano. Al congelar dichos fondos, Montoro introduce una distorsión en un sistema —el de las entregas a cuenta— que ya es de por sí técnicamente muy mejorable.
El Gobierno podría haber protegido la financiación autonómica de su limitada capacidad para llegar a acuerdos. Hubiera sido más respetuoso con la autonomía presupuestaria de los Gobiernos autónomos y un ejemplo de lo que significa la lealtad institucional en un Estado descentralizado. Esa de la que el Gobierno de Rajoy tanto habla, reclama y tan poco practica. @sandraleon_
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